El pasado viernes, se dio a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Islas Baleares (TSJIB), tras estimar un recurso interpuesto por el Gobierno español, que consideraba nula una instrucción puesta en marcha por la Consejería de Salud balear, en 2015, con la que se devolvía la tarjeta sanitaria a extranjeros en situación irregular.
En el caso de la sentencia del TSJIB, los jueces consideran que la medida del Ejecutivo balear supone una “extralimitación competencial” ya que recae en el Estado la decisión de establecer qué ciudadanos son beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y, en este caso, el RD 16/2012 establecía esta condición a extranjeros con autorización para residir en España.
No obstante, desde el Gobierno de Baleares han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo y que seguirán garantizando “la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos de las Islas Baleares, independientemente de su origen y de su situación administrativa”, según ha declarado Pilar Costa, portavoz del Gobierno balear. En su defensa, Costa argumenta que dicha instrucción aprobada en 2015 ha facilitado la devolución de 8.281 tarjetas sanitarias a extranjeros en las Islas Baleares.
EN EL PAÍS VASCO, POR EL COPAGO
Este mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) desestimó un recursoque el Gobierno del País Vasco interpuso contra varios artículos del mismo RD 16/2012, sobre todo en relación a la inclusión del copago farmacéutico. Mientras el gobierno vasco denunciaba que había invasión de competencias, los tribunales respaldaron la iniciativa del Estado, negando en este caso que la hubiera.
35 HORAS SEMANALES
Por su parte, en Andalucía y Castilla-La Mancha también existe un conflicto judicial con el Gobierno central en materia sanitaria, aunque en este caso más centrado en la cuestión laboral. En el segundo caso, el Tribunal Constitucional consideró nula, en 2016, la implantación del Ejecutivo manchego de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, entre ellos los sanitarios. Mientras, ha sido a última hora cuando el Estado español recurrió al TC la misma iniciativa, aprobada por la Junta de Andalucía.
Baleares y País Vasco mantienen sendos pulsos con el Estado por el RD 16/2012 por la universalidad en el acceso y por el copago farmacéutico
Se trata de uno más de los pulsos judiciales que Gobierno y comunidades autónomas están manteniendo en torno a la aprobación, por parte del primero, del Real Decreto 16/2012 que limitaba a ciertos colectivos el acceso universal a la sanidad pública y que lleva siendo rechazado por un gran número de autonomías prácticamente desde su implantación.En el caso de la sentencia del TSJIB, los jueces consideran que la medida del Ejecutivo balear supone una “extralimitación competencial” ya que recae en el Estado la decisión de establecer qué ciudadanos son beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y, en este caso, el RD 16/2012 establecía esta condición a extranjeros con autorización para residir en España.
No obstante, desde el Gobierno de Baleares han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo y que seguirán garantizando “la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos de las Islas Baleares, independientemente de su origen y de su situación administrativa”, según ha declarado Pilar Costa, portavoz del Gobierno balear. En su defensa, Costa argumenta que dicha instrucción aprobada en 2015 ha facilitado la devolución de 8.281 tarjetas sanitarias a extranjeros en las Islas Baleares.
EN EL PAÍS VASCO, POR EL COPAGO
Este mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) desestimó un recursoque el Gobierno del País Vasco interpuso contra varios artículos del mismo RD 16/2012, sobre todo en relación a la inclusión del copago farmacéutico. Mientras el gobierno vasco denunciaba que había invasión de competencias, los tribunales respaldaron la iniciativa del Estado, negando en este caso que la hubiera.
En Andalucía y Castilla-La Mancha, el conflicto recae en la suspensión de la jornada laboral de 35 horas por parte del Tribunal Constitucional
Cabe recordar que este copago fue implantado en el País Vasco en 2013, un año después que en el resto del territorio nacional después de que el Gobierno de Euskadi se negara a aplicarlo. No obstante, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional y éste dictaminó que sí aplicara. A pesar de ello, tras la última sentencia, el Gobierno vasco ha comunicado que va a seguir manteniendo las ayudas al copago farmacéutico.35 HORAS SEMANALES
Por su parte, en Andalucía y Castilla-La Mancha también existe un conflicto judicial con el Gobierno central en materia sanitaria, aunque en este caso más centrado en la cuestión laboral. En el segundo caso, el Tribunal Constitucional consideró nula, en 2016, la implantación del Ejecutivo manchego de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, entre ellos los sanitarios. Mientras, ha sido a última hora cuando el Estado español recurrió al TC la misma iniciativa, aprobada por la Junta de Andalucía.