La palabra democracia está en la boca de todos los políticos españoles tras el referéndum ilegal catalán. Mientras desde el Govern insultan a la democracia española al calificarla de "burra", el Gobierno catalán, a su vez, utiliza la palabra en beneficio de su objetivo, la independencia.
Más allá del uso indiscriminado que se hace de esta palabra, que a España le costó años y lucha conseguir, estos días las consejerías que componen la Generalitat rompían con 40 años de estabilidad democrática, entre ellas, la consejería de Salud.
Toni Comín es el único de los consejeros que no tiene carrera sanitaria
El incumplimiento de la Constitución española por parte del consejero Toni Comín deja atrás el trabajo de siete consejeros de Sanidad a lo largo de estos años: Ramón Espasa i Oliver, del PSUC, de diciembre del 1977 a mayo de 1980; Josep Laporte i Salas, de CiU, de mayo del 80 a julio de 1988; Xavier Trias i Vidal de Llobatera, de CiU, de julio del 88 a enero de 1996; Eduard Rius i Pey, de CiU, de enero de 1996 a noviembre de 2002; Xavier Pomé i Abella, de CiU, de noviembre de 2002 a 20 de diciembre de 2003; Marina Geli, de PSC-PSOE, de 20 de diciembre de 2003 a 29 de diciembre de 2010, y Boi Ruiz i García, de CiU, del 18 de diciembre de 2010, a enero de 2016.
Todos ellos, médicos de profesión —a diferencia de Comín, que es el único sin formación en Medicina — y con distintas ideologías, contribuyeron a la mejora de la sanidad catalana sin vulnerar la Constitución española. Sin embargo, las últimas actuaciones del consejero de Salud, más centrado en la celebración del referéndum y en la desconexión con España, han dejado la sanidad catalana en un segundo plano para el titular autonómico, pese a que el sistema sanitario catalán se encuentra entre los peores de España, según el último informe anual de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
La gestión del consejero Comín también se ha puesto en duda a lo largo de su legislatura con la "rebelión" de los profesionales de la Atención Primaria, los encierros en el Hospital de Reus y el descontento de las ambulancias, entre otros frentes, que ahora han quedado aparcados en pro del incumplimiento de la Constitución Española, que podría llevar a la aplicación del artículo 155 y, en consecuencia, al control de la Sanidad catalana por parte del Ejecutivo central. Situación que jamás se había vivido en estos 40 años de democracia española.