Pocos días antes del referéndum del 1 de octubre, el consejero de Salud de Cataluña, Toni Comín, emitió resoluciones en los que se autoproclamaba presidente de hasta 29 consorcios y entidades públicas sanitarias, cesando a sus rectores y sustituyéndolos por altos cargos de su consejería. El motivo, según informaba EFE, era garantizar "la seguridad jurídica de todos los trabajadores" durante el referéndum, en el que se utilizaron centros sanitarios para colocar mesas electorales.
Más de dos semanas después de aquella jornada, fuentes del Consorcio Sanitario de Terrassa señalan a Consalud.es que, a día de hoy, no se ha producido ningún cambio en la presidencia de este organismo que revierta la situación, “ni tenemos constancia de si se volverá a la anterior Ejecutiva”.
La Generalitat no ha ofrecido ningún tipo de información sobre si Comín ha vuelto a reponer en sus cargos a los presidentes de los Consorcios sanitarios intervenidos para el referéndum
Por tanto, Comín sigue siendo el presidente de este consorcio, tal y como se establecía en la resolución, destapada por La Vanguardia (no se publicó en ningún boletín oficial), en la que el consejero se nombraba presidente del Consejo Rector en sustitución de Eusebi Cima, y en la que se cesaba al resto de altos cargos para sustituirlos por personas como David Elvira, (director del CatSalut), o Josep Maria Argimon (subdirector del mismo organismo). La misma relación de cargos aparece también en el portal web del Consorcio Sanitari d’Anoia, otro de los que fue intervenido por Comín.
A preguntas realizadas por este periódico, el Departamento de Salud de Cataluña no ha ofrecido ningún tipo de información sobre si, al igual que ocurre con estos consorcios, Comín sigue presidiendo todos los consorcios sanitarios de los que se autoproclamó presidente de cara al referéndum ni de si, en ese caso, tiene previsto mantenerse al “frente” de estos centros aunque el Gobierno central haya anunciado que pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de la Generalitat, lo que podría tener repercusiones para sus altos cargos.