Tras el acuerdo de investidura de Salvador Illa planteado entre PSC y ERC esta misma semana, la gobernabilidad en Cataluña parece aclararse. Un documento que ha de ser respaldado por las bases del partido nacionalista, si bien, no parece que esto vaya a suponer ningún problema. El escenario sanitario quedará en manos socialistas, dado que ERC no tomará parte en el nuevo Ejecutivo. Sin embargo, el nuevo responsable que tome las riendas de Salud a partir de ahora deberá estar atento a cumplir con los puntos recogidos en el acuerdo.
En concreto, en el documento de 24 páginas consensuado entre ambas formaciones políticas se guarda un apartado especial para las estrategias sanitarias. Tanto PSC como ERC abogan en el mismo por poner el foco en los profesionales sanitarios y en velar por sus condiciones laborales durante la legislatura que está por arrancar. Asimismo, en el texto se refleja el compromiso de las partes por abordar las inversiones pendientes en la mejora de diferentes infraestructuras hospitalarias de la comunidad autónoma y en las dotaciones para asegurar la asistencia a la ciudadanía.
La estrategia común de PSC y ERC aspira a culminar la armonización de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores sanitarios de Cataluña, consiguiendo que sean homologables y reforzando la visión unificada
A este respecto, el acuerdo de investidura de socialistas y nacionalistas expresa tres diferentes puntos en el apartado de Salud. En primer lugar, la promesa de mantener y consolidar las mejoras laborales (retributivas y organizativas) de los profesionales sanitarios, realizadas entre 2023 y principios de 2024 durante el Gobierno anterior de Pere Aragonés. Entre las iniciativas logradas entonces, se destaca el III Acuerdo de las condiciones de trabajo del personal estatutario del ICS, que contempló diferentes mejoras retributivas y laborales -reducciones de jornada- para alrededor de 55.500 empleados en sanidad.
Además, la estrategia común de PSC y ERC aspira a culminar laarmonización de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores sanitarios de Cataluña, consiguiendo que sean homologables y reforzando la visión unificada del sistema. Un aspecto importante de esto podría verse en el esfuerzo por reducir la temporalidad de las plantillas o en incidir en mejorar las circunstancias diarias de muchos sanitarios que ejercen en espacios de mayor sobrecarga, como es el caso de los profesionales de Atención Primaria.
CUMPLIR EL CALENDARIO DE INVERSIONES
De la misma manera, un tercer foco de consenso radica en mantener las inversiones hospitalarias previstas y cumplir su calendario establecido. En concreto, el documento se refiere a infraestructuras como el nuevo Hospital Clínic; el nuevo Campus de Salud de Girona; el nuevo Hospital de Terres de l'Ebre; las mejoras en el Hospital Virgen de la Cinta, mientras la construcción no esté finalizada; la ampliación del hospital del Valle de Hebrón; la renovación y mejora del Hospital Joan XXIII de Tarragona; o culminar la ampliación del Hospital del Mar.
El compromiso ampara el refuerzo del parque Hospitalario de Lleida, formado por el Hospital Universitario Arnau de Vilanova y el Hospital Universitario Santa María
Igualmente, el compromiso ampara el refuerzo del parque Hospitalario de Lleida, formado por el Hospital Universitario Arnau de Vilanova y el Hospital Universitario Santa María, a través de la construcción del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario Arnau de Vilanova y la ampliación del nuevo bloque quirúrgico, entre otras intervenciones; continuar con la planificación del Nuevo Hospital Vallès Sur; así como continuar con los procesos abiertos de republificación de centros asistenciales, en una CC.AA. con gran peso de la sanidad privada.
De manera paralela, otro de los elementos que recoge el documento, y puede tener relación directa con la sanidad pública es la defensa de la lengua catalana. No en vano, PSE y ERC comparten la idea de garantizar el catalán como la lengua de uso normal de las administraciones y de las instituciones catalanas en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas, así como en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a las personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de opción lingüística de la ciudadanía en su relación con la administración.
El nuevo pacto fiscal consensuado entre Pedro Sánchez y la formación independentista de izquierdas abre la puerta a la autogestión catalana de sus propios recursos
En este marco, es de esperar que el requisito del catalán en el acceso a un puesto público en sanidad mantenga o aumente su ponderación. Todo ello, pese a que desde algunos frentes políticos y profesionales se venía denunciando que el requisito lingüístico del catalán impedía que muchos profesionales sanitarios de otras partes del país e, incluso, extranjeros pudieran reforzar las plantillas. Todo ello, en un marco de déficit de facultativos en todo el país, y del que Cataluña no es una excepción. Una dicotomía entre poner en valor una lengua que requiere protección y velar por la mejor asistencia a los ciudadanos que promete seguir vigente una nueva legislatura.
Finalmente, el nuevo pacto fiscal consensuado entre Pedro Sánchez y la formación independentista de izquierdas abre la puerta a la autogestión catalana de sus propios recursos. Algo que podría suponer un antes y un después en la dotación presupuestaria de la Cataluña –también para el resto de regiones españolas-, al no tener que aportar dinero a la caja común autonómica. Por todo ello, está por ver cómo todos estos acuerdos se concretan y la manera en la que se reflejan en la sanidad catalana.
ACUERDO CON COMUNS
Una vez atado el acuerdo con ERC, los socialistas catalanes han cerrado también un compromiso de investidura con los Comuns. PSC y la formación liderada por Jéssica Albiach deberán ratificar ahora el documento con sus respectivas bases. En el texto se reflejan varios puntos en común destinados a sanidad. En concreto, se destacan iniciativas como el refuerzo de la Atención Primaria para agilizar la accesibilidad de los ciudadanos a su asistencia, así como el oportuno abordaje de la salud mental y la bucodental desde la esfera pública.
Estas estrategias se concretarian en la promesa de que todas las personas tengan garantizada su consulta en el primer nivel asistencial en un plazo de 48 horas desde la solicitud de la cita
Tal y como ha trasladado Comuns, estas estrategias se concretarian en la promesa de que todas las personas tengan garantizada su consulta en el primer nivel asistencial en un plazo de 48 horas desde la solicitud de la cita; que disponga de un dentista público que se ocupe de su salud bucodental; y de todos los recursos posibles para asegurar una oportuna respuesta a la creciente demanda de asistencia emocional -salud mental- como, por ejemplo, la creación de la figura del psicólogo gratuito y sin cita previa enfocado a la población infanto-juvenil.