El Ministerio Fiscal de España, ha manifestado este jueves que prevé solicitar una orden europea de detención contra el exconsejero de Salud de Cataluña, Antoni Comín, por eludir su cita con la Audiencia Nacional después de que la propia Fiscalía se querellara contra él “por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos”.
Tal y como informa Crónica Global, la Fiscalía solicitará esta orden de detención a Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional encargada de investigar esta causa, por no acudir a declarar. Esta orden iría dirigida también contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y otros tres exconsejeros que también han decidido quedarse en Bruselas.
El abogado de Antoni Comín ha confirmado que él y la exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret, han solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia
En lugar de acudir a declarar de manera presencial, el abogado de Antoni Comín y de la exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret, ha confirmado que ambos exconsejeros han solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia. Estos dos dirigentes, junto a Puigdemont y los ex consejeros Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura), emitieron este miércoles un comunicado desde la capital de Bélgica en el que afirmaban que no acudirían a declarar, respondiendo así a la orden de declaración de Lamela, quien los había citado para los días 2 y 3 de noviembre.
Hasta el momento, todos los exconsejeros que han acudido este jueves a declarar ante la Audiencia Nacional lo han hecho: Oriol Junqueras, Joaquin Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borràs.
TRES DELITOS
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó este lunes la querella contra todos los miembros del anterior Ejecutivo catalán. En ella, Maza apuntaba a que estos dirigentes habían participado de manera activa en el desafío independentista, con "decisiones y actos" tomados en los "dos últimos años" que habían producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre”. Por ello, le imputan delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos.