Metges de Catalunya (MC) espera que el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, cumpla una de las grandes promesas electorales del programa acordado entre PSOE y Unidas Podemos para los próximos cuatro años: incrementar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) para alcanzar durante la legislatura "una inversión en servicios públicos propia de otros estados de la zona euro, hasta alcanzar el 7% del PIB en 2023" –actualmente España invierte un 6,2%, según datos de la OCDE de 2018, mientras que Cataluña, un 3,7%.
En este sentido, el sindicato anima a Illa a concertar con las comunidades autónomas un acuerdo firme para una nueva financiación sanitaria, con el objetivo de revertir de una vez por todas los recortes ejecutados durante la crisis económica y asegurar un sistema sanitario público sostenible y de calidad. Paralelamente, insta al nuevo ministro a impulsar un plan para retener el talento médico, basado en la dignificación de los puestos de trabajo y en una disminución de las cargas laborales que permita a los facultativos atender a la población con las máximas garantías y conciliar su vida personal y laboral.
El sindicato anima a Illa a concertar con las comunidades autónomas un acuerdo firme para una nueva financiación sanitaria
Aparte de esto, MC recuerda a Illa que la sanidad española todavía no dispone de un registro estatal de profesionales sanitarios que facilite la planificación de los recursos humanos, a pesar de las promesas reiteradas de sus antecesores en el cargo.
Finalmente, la organización celebra la intención del nuevo Gobierno de promover y adoptar las "modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias" para garantizar el acceso universal al SNS y eliminar las trabas que dificultan el derecho a la protección de la salud de los colectivos más vulnerables, así como de avanzar en el blindaje del sistema público de salud, "apostando por una sanidad basada en la gestión pública directa".
Asimismo aplaude el propósito del Ejecutivo central de regularizar la eutanasia y de impulsar una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.