La relación de la Generalitat de Cataluña con las instituciones europeas varía en función de sus aspiraciones. Así ha quedado demostrado este miércoles ya que varios de sus consejeros han acudido a Bruselas, capital de Bélgica y sede de distintos organismos de la Unión Europea, para intereses distintos.

Por una parte, el equipo del consejero de Salud, Antoni Comín, confirmó finalmente que sí acudiría a la presentación de la candidatura española de Barcelona para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), acompañando así a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Se trata así de un intento de mostrar ante la Unión Europea una imagen de unidad para llevar la EMA a Barcelona.

El consejero de Salud se planteó revisar, tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O, la relación con el Ejecutivo por la candidatura de Barcelona 

La Generalitat ha optado así por enviar a última hora al consejero como representante ante las instituciones europeas pese a las dudas que mostró el propio Comín cuando manifestó que revisaría, tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O, la relación con el Ejecutivo por la candidatura de Barcelona. Además, el propio titular de Salud declaró que esta candidatura era un “objetivo del gobierno catalán”.

Mientras, este mismo miércoles el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, ha asistido a Bruselas, aunque en esta ocasión a la Delegación que el Gobierno de Cataluña tiene en esta ciudad. Las intenciones de Romeva en esta visita han sido las de buscar apoyos internacionales para responder ante la actitud que está tomando el Gobierno español durante el proceso catalán y justificar así sus aspiraciones de independencia.

Durante el acto, Romeva ha manifestado que “lo que sucede en Cataluña afecta a todos los europeos y a los demócratas”, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno español haya “desestimado” el inicio de las conversaciones entre ambas administraciones. Cabe recordar que este jueves se cumple el segundo plazo que el Ejecutivo central le marcó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclarara si había declarado la independencia y “volviera a la legalidad”.