Continúa la parálisis institucional en Cataluña y, como consecuencia, el estancamiento en la gestión de la sanidad pública catalana. Tras cumplirse ocho meses sin celebrarse una Comisión de Salud en el parlamento catalán y casi cinco sin un consejero de Salud formal, la situación de atasco podría alargarse a tenor de los últimos acontecimientos parlamentarios y judiciales.
Este jueves se ha celebrado un nuevo intento, el tercero, de investir un presidente de la Generalitat. Pero la abstención de la CUP no lo facilitó, de manera que se posponía al sábado una nueva oportunidad de que Jordi Turull fuese elegido (esta vez sólo hacía falta mayoría simple) y que pudiese formar un Govern, tres meses después de las elecciones.
Tras el pleno de este jueves, se abre un periodo de dos meses para investir a un presidente; si no ocurre, el 22 de mayo se disolvería el Parlament y se celebrarían nuevas elecciones el 15 de julio
Sin embargo, este viernes se han conocido varios actos judiciales que pueden impedir la celebración del pleno de investidura de este sábado. Y es que, el juez Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, ha procesado por rebelión y malversación tanto al candidato Turull como al expresidente Carles Puigdemont, al exconsejero de Salud Toni Comín y a otros líderes independentistas.
De esta manera, el escenario queda paralizado y podrían celebrarse nuevas elecciones. Tras el primer pleno de investidura, el de este 22 de marzo, se abre un periodo de dos meses para investir a un presidente. Si no ocurre esto, el Parlament quedaría disuelto el 22 de mayo y, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los nuevos comicios se celebrarían 54 días después: el 15 de julio.
¿UN AÑO SIN COMISIÓN?
Si todo sucede como se ha explicado anteriormente, se cumpliría más de un año sin que se haya celebrado una Comisión de Salud en Cataluña (la última fue el pasado 20 de julio). Tras las supuestas elecciones, se establecería un periodo de 20 días para que se constituya el nuevo Parlament y 10 días para la primera sesión de investidura. Es decir, hasta la segunda mitad de agosto no echaría a andar la actividad parlamentaria.
El retraso de la configuración de un nuevo Govern haría que el artículo 155 siguiese aplicado; Dolors Montserrat continuaría como la máxima responsable de la sanidad catalana
Mientras, la gestión de la sanidad catalana sigue siendo ocupada de manera interina por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tras la aplicación del artículo 155, y con David Elvira como máximo responsable por parte de la Generalitat. Así, si continúa el retraso de un nuevo Govern, continuaría aplicado el 155 por el Gobierno central y la Consejería de Salud seguiría sin tener un nuevo responsable.
Con todo ello, profesionales sanitarios como el sindicato Metges de Catalunya ya ha mostrado su preocupación. Su secretario general, Josep María Puig, ha manifestado que “la parálisis de Cataluña tendrá consecuencias de cara al futuro para el sistema sanitario”. Finalmente, ha lamentado que se están dejando de poner en marcha “líneas estratégicas o políticas de futuro”.