“Vamos a atacar a este Estado español injusto”. Así se expresó el pasado viernes el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en un acto en el que pedía la libertad de los presos independentistas. Tras estas declaraciones, y pese a que han sido reprochadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, la oposición al PSOE ha solicitado que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña.
En concreto, han sido Partido Popular y Ciudadanos las formaciones políticas que han vuelto a poner sobre la mesa esta posibilidad que, en último término, supone la suspensión de la autonomía catalana y la gestión de su administración, incluida la asistencia sanitaria, por parte del Estado español.
El artículo 155 ha estado aplicado en Cataluña durante casi ocho meses; en ellos, el Gobierno central ejerció un control absoluto de las cuentas de la Generalitat, incluidas las de la Consejería de Salud
Cabe recordar que el artículo 155 ha estado aplicado en Cataluña durante casi ocho meses: desde finales de octubre, cuando Mariano Rajoycesó al anterior Gobierno catalán y convocó elecciones, hasta principios de junio, cuando el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez levantó el control financiero sobre la autonomía catalana y Quim Torra formó a su gabinete de consejeros.
En este periodo, ha sido el Gobierno central el que ha ejercido un control absoluto de las cuentas de Cataluña, incluidas las de la Consejería de Salud. Por entonces, correspondía a Dolors Montserrat, exministra de Sanidad, las tareas autonómicas de este departamento.
BALANCE CON MONTSERRAT
En un principio, Montserrat adelantó que lo que haría el Ejecutivo sería “hacer que los funcionarios del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya continúen manteniendo los servicios públicos”. Así, incidía en que iban a “controlar las funciones” que los funcionarios ejercerían.
La exministra Montserrat revelaba que al llegar a la gestión de la sanidad catalana se encontró "contratos sin prorrogar, servicios sin cobertura y convocatoria de subvenciones sin resolver"
Posteriormente, en una comparecencia en el Congreso, la exministra revelaba que al llegar a la gestión de la sanidad catalana se encontró “contratos sin prorrogar, servicios sin cobertura y convocatoria de subvenciones sin resolver". Además, aseguraba que “no ha habido ningún servicio público que se haya dejado de prestar” y que la relación de los funcionarios con el equipo del Ministerio era de “respeto institucional”.
Mientras tanto, desde Cataluña no lo ven igual. El secretario general de Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, declaraba a ConSalud.es que “la pérdida de la capacidad de financiación del sistema y de la planificación a medio y largo plazo” se iban a notar “a lo largo de los próximos meses e incluso años”.
Por otra parte, la diputada del PDeCat, Miriam Noguera, preguntaba a Carmen Montón, ministra de Sanidad, sobre “las consecuencias en el ámbito de la sanidad que ha tenido la aplicación del artículo 155 en Cataluña”. En su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad, Montón invitó a Noguera “al diálogo” para mejorar las relaciones.