Tal y como había solicitado el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC), el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona ha adoptado como medida cautelar la suspensión del acuerdo del Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de 29 de marzo de 2019, dirigido al desarrollo del proyecto consistente en la prestación de servicios odontológicos por medio de la empresa pública Barcelona Serveis Municipals S.A.
La magistrada ha tomado esta decisión “ante la posible falta de competencia del Ayuntamiento de Barcelona” para ejercer la iniciativa económica dirigida a la prestación de servicios odontológicos, aunque cabe interponer recurso de apelación contra la misma.
En enero, la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona aprobó los primeros trámites para poner en marcha el servicio de “dentista municipal” de la ciudad. El objetivo de esta medida, según declaraba la formación política encabezada por Ada Colau, era ofrecer un servicio de Odontología asequible para las personas con menos recursos y atender a 36.000 pacientes al año.
El Consejo General de dentistas considera que la iniciativa del dentista municipal de Barcelona no es verdadera solidaridad
El COEC, presidido por el Dr. Antoni Gómez, mostraba su firme y total rechazo a esta iniciativa, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona no se reunió con los agentes implicados antes de hacer público el proyecto: “Podemos estar frente a otro caso de publicidad engañosa, pero esta vez bajo un paraguas municipal”, declaraba entonces.
Ante esta situación, el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, respaldó 100% al COEC, considerando que la iniciativa del dentista municipal de Barcelona no es verdadera solidaridad, puesto que los pacientes tendrían que pagar por los tratamientos.
Ambos presidentes se muestran satisfechos por las medidas cautelares adoptadas y recuerdan que en España existen 13 clínicas solidarias, una de ellas en Barcelona, que dependen de los Colegios Oficiales de Dentistas y que están avaladas por la Organización Colegial. “Las personas con peor situación económica son atendidas y tratadas en estas clínicas por dentistas voluntarios de una forma totalmente gratuita, eso es solidaridad. Poner en marcha una clínica municipal gestionada por una empresa ajena al sector odontológico con el reclamo de ser un servicio social para los más necesitados, es un auténtico despropósito”, afirman.