Al igual que hizo en otras comunidades autónomas, el Gobierno ha presentado ahora un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Universalización de la Asistencia Sanitaria, aprobada el pasado mes de junio en el Parlament de Catalunya.
Esta ley, desarrollada por el último Ejecutivo de la Generalitat, con Toni Comín como consejero de Salud, garantizaba el acceso universal a la asistencia sanitaria pública con el único requerimiento de estar empadronado en Cataluña. De este modo, se permitía el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles.
Esta ley, desarrollada por el último Ejecutivo de la Generalitat, con Toni Comín como consejero de Salud, garantizaba el acceso universal a la asistencia sanitaria pública con el único requerimiento de estar empadronado en Cataluña
Esta misma línea han seguido otras comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura. Precisamente, hace unos días el Tribunal Constitucional estimaba los recursos del Gobierno central y suspendía la ley de sanidad universal de Navarra, algo que ya había llevado a cabo con las otras comunidades mencionadas.
Por otra parte, hay otras CC.AA. en las que están en vigor normas parecidas. Es el caso de Cantabria, que en agosto de 2015 asumió la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares, o Aragón, que hizo lo propio en la misma fecha. Por su parte, Baleares devolvió en el mismo año 8.200 tarjetas a este colectivo aunque el pasado mes de septiembre fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.