La sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del ‘procés’ reconoce la malversación de fondos públicos para financiar el 1-O por parte del departamento de Salud, gestionado entonces por Toni Comín.
Los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas, “son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”, señala la sentencia del Alto Tribunal.
"Supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron careciendo de cobertura presupuestaria"
Supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron careciendo de cobertura presupuestaria. “Fueron canalizados a través de la estructura del los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, Salud y Cultura. Se hicieron así realidad, con los matices que luego se expresan, unos gastos previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 y que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo”.
Así, respecto al Departamento de Salud de Toni Comín, se encomendó a Unipost para la distribución de las notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales, con 192.711,20 euros (233.180,55 euros IVA incluido).
Y es que la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales, se encargó a la empresa Unipost S.A, con quien mediada un acuerdo marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones 444 posteriores. Esta encomienda, que importaba 979.661,96 euros, aunque con deliberada disimulación del gasto, se fraccionó entre cinco departamentos.