A las movilizaciones ciudadanas y las reprobaciones de la oposición se han sumado nuevos problemas que ponen en duda la gestión sanitaria de Antonio María Sáez, consejero de Sanidad deCastilla y León. Esta vez proviene del ámbito judicial, después de que el Tribunal Superior de Justicia de esta región (TSJCyL) haya anulado las 15 Unidades de Gestión Clínica (UGC) del servicio de salud (Sacyl).
Según ha apuntado la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con la Orden SAN/822/2016 aprobada por la Consejería, “no se ha podido llevar a cabo una verdadera negociación al no haber facilitado a los sindicatos los proyectos de Gestión Clínica de las UGC creadas y su evaluación”. En este sentido, apuntan que “los sindicatos desconocían aspectos esenciales” como el organigrama, el contenido de los distintos puestos de trabajo, los horarios de prestación de servicios o los profesionales que atienden, una documentación que según la justicia “precisaban y reclamaban”.
La Gerencia Regional de Salud ha informado los servicios jurídicos de Castilla y León estudiarán la sentencia "para valorar la oportunidad o no de recurrirla"
Del mismo modo, el TSJCyL ha estimado la impugnación del sindicato CC.OO. porque la declaración contenida en la memoria económica está “huérfana de la justificación exigible”. Se trata de una sentencia que “no es firme” y contra la que cabe interponer recurso de casación.
POSTURA DE LA CONSEJERÍA
Pese a haber tenido “conocimiento” de la sentencia, la Gerencia Regional de Salud ha informado que la sentencia “aún no ha sido comunicada oficialmente”. Aún así, han avanzado que los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León “la estudiarán para valorar la oportunidad o no de recurrirla”.
El sindicato Comisiones Obreras consideran que la orden de las Unidades de Gestión Clínica se ha realizado "a la espalda de los trabajadores y sin el necesario debate social"
Mientras, han defendido que en su momento si que se remitieron “los documentos sobre los cambios de la plantilla de los centros afectado”. Y con respecto a la memoria económica, consideran que “la propia sentencia señala que en la memoria económica se analiza el impacto presupuestario” de aspectos como la adecuación de las plantillas o acceso a programas de docencia.
“PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA”
Por su parte, Comisiones Obreras ha respondido que llevan “años” denunciando estas UGC al considerar que “se trata de una privatización encubierta de la sanidad”, que se hace “a espaldas de los trabajadores y sin el necesario debate social” y que perjudica a los pacientes “que pueden ver restringido el uso de determinados servicios de la sanidad por criterios económicos”. Finalmente, Juan Carlos Hernández, abogado de CC.OO., ha “recomendado” a Sanidad “que no recurra la sentencia” puesto que “sólo serviría para retrasar su cumplimiento”.
MOCIÓN CONTRA EL CONSEJERO
La Diputación de Salamanca, a propuesta del PSOE y de Ganemos, ha aprobado una moción en la que instan a “los responsables políticos de la sanidad en Castilla y León” a “acabar con los recortes y recuperar, cuando menos, el equivalente al presupuesto sanitario alcanzado en 2010”. La iniciativa ha contado con el respaldo del PP y la abstención de Ciudadanos.