El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido recientemente dos actuaciones que vuelven a poner en el foco a la Consejería de Sanidad de esta región y a su máximo gestor, el consejero Antonio María Sáez Aguado. Ambas, le dan la razón a las partes contrarias, las cuales habían sido perjudicadas por la administración sanitaria según ha determinado la justicia.
En primer lugar, los tribunales han estimado el recurso interpuesto por el sindicato UGT con motivo de que los profesionales de enfermería de Castilla y León no tenían acceso pleno a la historia clínica de los pacientes. Según ha apuntado el sindicato en un comunicado, la Consejería ha actuado vulnerando “la legislación vigente y poniendo en riesgo una asistencia adecuada y con ello la salud de los pacientes ingresados”.
El TSJCyL ha estimado que los profesionales de enfermería deben acceder de manera plena al historial de los pacientes; tras ello, UGT ha reclamado que la sentencia se ejecute de manera "urgente"
La sentencia señala que las funciones de enfermería “exigen la necesidad de acceso como medio instrumental para la realización de las funciones de promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como las de carácter preventivo que les están encomendadas”.
Sin embargo, apuntan, el programa Gacela, “no garantiza esta posibilidad de consulta de la historia clínica o incluso la introducción en la misma de los datos que sean requeridos”. Por ello, consideran que el acceso “se ha de establecer como pleno”. Tras esta orden, UGT ha reclamado que se ejecute la sentencia “con carácter urgente”.
48.000 EUROS A UNA FARMACIA
Por otra parte, el mismo TSJCyL ha emitido una sentencia que obliga a la Consejería a pagar casi 48.000 euros a la farmacia Sirera, en León, tras obligarle a fijar guardias nocturnas durante el año 2015 completo. Según apunta La Nueva Crónica, la decisión la tomó la Consejería y el Colegio de Farmacéuticos de León. Así, ambos organismos se harán cargo de los costes del proceso judicial que se inició hace tres años.
Se trata de una sentencia que no es firme, por lo que cabe recurso de casación. La farmacia había denunciado por verse obligada a ampliar las guardias nocturnas, teniendo que contratar a dos profesionales más, coste que se incluye en la cuantía que le abonarán.