Cumpliendo con el artículo 31 de la Ley 2/1994, que regula la institución del Procurador del Común de Castilla y León; su titular, Tomás Quintana López, ha presentado el informe de las actuaciones de esta institución durante el último año ante las Cortes de Castilla y León. El presidente del Parlamento ha querido valorar la labor del procurador y resaltar "la autonomía y objetividad con la que realiza su cometido, lo que supone toda una garantía para los castellanos y leoneses. Además, atiende sus demandas de forma cercana y eficaz". En este sentido, la confianza de los ciudadanos en la institución, aunque haya coincidido con el cambio de procurador, ha llevado a que esta institución propia de la comunidad haya tramitado en 2018 año un total de 6.579 expedientes, de los cuales 6.500 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 79 a las actuaciones de oficio, lo que supone que ha sido el año con mayor número de quejas.
Por provincias, Zamora lidera, en esta ocasión, las estadísticas con un total de 3.859 reclamaciones, que representa el 59% del total, cabe recordar que se presentó una queja masiva en la que se denunciaba la situación del Servicio de Oncología de la capital. Le sigue León con 620 quejas y Valladolid con 426. A continuación se sitúan Palencia con 367, Burgos con 266, Salamanca con 277, Ávila con 116, Segovia con 102 y finalmente la provincia de Soria con 87.
Aumentan el número de quejas que, siendo una única reclamación, representan a colectivos de varios firmantes
Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la comunidad, que fueron un total de 199. Del extranjero llegaron tres quejas. Además de 300 quejas cuyos autores están identificados a todos los efectos, pero no incluyen el domicilio, ni la provincia. Aumentan el número de quejas que, siendo una única reclamación, representan a colectivos de varios firmantes.
En cuanto a la distribución por áreas, destacan las quejas incluidas en Sanidad, que fueron las más numerosas con un 64% del total, seguida de las reclamaciones del área de Función Pública con el 12%, Bienes y Servicios municipales con un 6%, Medio Ambiente, Educación y Fomento con un 3% respectivamente.
Se ha actuado de oficio sobre los problemas de los niños con dislexia, menores con altas cualificaciones o los escolares con disfemia (tartamudez)
Entre las 79 actuaciones de oficio destacan las referentes a los bienes y servicios municipales. Así, se han abierto 68 actuaciones de oficio para conocer por qué las entidades locales menores se estaban dando de baja en el control sanitario de agua de consumo humano. Además, se ha actuado de oficio sobre los problemas de los niños con dislexia, menores con altas cualificaciones o los escolares con disfemia (tartamudez).