El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha confirmado este jueves el número de profesionales sanitarios que aspiran a obtener una plaza fija, en la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en el Servicio de Salud de Castilla y León en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 710 plazas, convocada para noviembre.
A esta convocatoria, que se celebrará el próximo 17 de noviembre, se presentarán un total de 1.595 aspirantes (1.555 de turno libre y 40 en el turno de discapacidad). Así queda establecido en la resolución definitiva publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León. Por su parte, han sido excluidos 35 candidatos.
Igea afirma que esta convocatoria supondrá "una mejora de la Atención Primaria" y una apuesta por "ofrecer estabilidad" en el servicio sanitario de Castilla y León
De esta manera, prácticamente uno de cada dos facultativos que presentarán al proceso selectivo obtendrán una plaza y, por tanto, la condición de personal estatutario fijo. Según ha subrayado Igea, esta convocatoria supondrá “una mejora de la Atención Primaria” y una apuesta por “ofrecer estabilidad” en el servicio sanitario de Castilla y León.
HUELGA EL 25 DE OCTUBRE
Por otra parte, el Gobierno regional ha informado que ha acordado “garantizar la prestación de los servicios esenciales de la Administración General de la comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos” durante la jornada de huelga convocada para el 25 de octubre por los sindicatos CSIF, UGT, FSS-CCOO, FE- CCOO, FSC-CCOO.
La Junta establecerá servicios mínimos en sanidad con motivo de la huelga convocada por los sindicatos para el 25 de octubre, donde se prevén paros durante todo el día
Estas organizaciones sindicales han convocado a todo el personal funcionario, funcionario docente laboral y estatutario. Para el sector sanitario, habrá paros generales de 12:30 a 15:00 horas, así como diferentes paros en los turnosde tarde y noche (de 19:30 a 22:00 horas y de 5:30 a 8:00 horas respectivamente).
A pesar de ello, la Junta cree que es “imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales de modo que, sin coartar los derechos individuales, se atienda al interés general”. De esta manera, establecerá unos servicios mínimos, atendiendo al “criterio técnico de la Consejería competente en cada materia afectada”.