El Consejo Autonómico de Enfermería, que agrupa a los 9 colegios profesionales de Castilla y León, interpondrá recurso contencioso administrativo solicitando la paralización cautelar de la aplicación de la Orden EYH/315/2019, de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que presenta necesidades sanitarias o socio sanitarias.
El Consejo ha tomado esta medida, después de analizar la repercusión que esta Orden puede tener tanto para profesionales como para los niños, ya que vulnera al menos 3 principios. En primer lugar, “va contra la ley y carece de consenso entre los profesionales”, indican.
A este respecto inciden que “no existe un informe preceptivo de las organizaciones profesionales, ni ha sido consultada a las organizaciones profesionales de Enfermería a pesar de que las normas así lo establecen, como la Ley de Diálogo Civil y Democracia participativa, que apenas se aprobó en septiembre pasado y que establece la obligatoriedad del “diálogo civil en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta, donde las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación podrán realizar aportaciones desde el primer momento.”.
El Consejo ha tomado la medida después de analizar la repercusión de la Orden, ya que vulnera tres principios
En segundo lugar, denuncian la falta de responsabilidad de la Administración “al encomendar actividades de educación sanitaria, y de dispensación de medicamentos a los profesores, con las implicaciones para estos que puedan tener al manipular fármacos”.
Por último, señalan una invasión de competencias, alegando que “la Junta fomenta el intrusismo profesional al encomendar actividades propias de los profesionales de Enfermería al profesorado”.
“El Consejo lleva mucho tiempo exigiendo que haya enfermeras que garanticen la atención a niños con necesidades de salud y para educar desde pequeños a tener un estilo de vida saludable y esta norma no responde a estas necesidades”, comenta el presidente del Consejo, Alfredo Escaja.
Por otra parte, “estamos indignados por la falta de respeto de esta Administración a los enfermeros, además de preocupados por las consecuencias que esta norma pueda tener en última instancia para la atención sanitaria que reciben las personas más vulnerables, y que son los niños que tienen necesidades especiales ”, agrega el presidente del Consejo. “Por todo ello el Consejo Autonómico de Enfermería interpondrá un recurso para solicitar la paralización cautelar de esta norma que va en contra de los derechos de los ciudadanos y atenta contra los profesionales”.