En medio de la huelga de médicos de Castilla y León, que va a continuar por no alcanzarse un acuerdo entre la Gerencia de Salud y Simecal, la oposición al Gobierno regional acrecienta sus críticas. Es el caso de Ciudadanos, cuyo procurador por Salamanca en las Cortes, David Castaño, ha lamentado que este paro de los facultativos está perjudicando principalmente a los pacientes del entorno rural “porque pagan justos por pecadores”.
En una nota de prensa, la formación naranja ha instado a la Junta de Castilla y León, y al consejero de Sanidad Antonio María Sáez Aguado, a cumplir con una propuesta de resolución impulsada por ellos en el último debate de política general de la comunidad. En ella, reclamaban “resolver la situación irregular de interinidad y de contratos irregulares sufridos por nuestros sanitarios sin vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública”.
La formación naranja afirma que no apoyará "ninguna solución que vulnere los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública o que plantee soluciones ilegales"
De la misma manera, Ciudadanos ha incidido en que no prevé apoyar “ninguna solución que vulnere esos principios o que plantee soluciones ilegales que sean posteriormente anuladas por los tribunales”. Y es que, según ha apuntado el procurador, esto “ha ocurrido ya en numerosas ocasiones en nuestra comunidad”.
CONTINÚA LA HUELGA
Durante esta semana, tanto la Gerencia de Salud como Simecal han mantenido varias reuniones con el objetivo de poner fin a la huelga de médicos. Sin embargo, las negociaciones han concluido en fracaso. Desde la Consejería acusan al sindicato de ofrecer una “actitud inmovilista”. Mientras, Simecal mantiene sus reivindicaciones y auguran que el acuerdo está lejos de alcanzarse.
Por otra parte, tanto el consejero de Sanidad como el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, han sido denunciados ante el Tribunal Supremo por la El Defensor del Paciente. La asociación que dirige Carmen Flores considera que con la huelga se está desarrollando “un delito contra la salud pública por la falta de voluntad de llegar a acuerdos con los trabajadores”.