El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, se ha reunido con representantes de los afectados por las clínicas dentales iDental, cuyos tres centros sanitarios en Castilla y León, situados en Salamanca, Segovia y Valladolid, han sido cerrados recientemente por decisión empresarial. Así, el consejero ha explicado cuáles han sido las actuaciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León y cuáles serán los pasos a seguir.
Sáez ha informado tanto a los representantes de los afectados como al procurador de IU-Equo, José Sarrión, quien también ha acudido a la reunión, de que el pasado lunes el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid autorizó la entrada y registro en las instalaciones de iDental Valladolid y designó al Servicio Territorial de Sanidad de dicha provincia como depositario de las historias clínicas incautadas en el mismo. Estos documentos, que ya se encuentran en el Servicio Territorial, serán ordenados, archivados y puestos a disposición del juzgado y de los afectados.
Los profesionales del Servicio Territorial de Salud llevarán a cabo durante las próximas semanas las tareas de orden y archivo de todas las historias clínicas.
El pasado lunes el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid autorizó la entrada y registro en las instalaciones de iDental Valladolid
Además, el consejero ha recordado las diversas actuaciones que la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo en los diferentes centros sanitarios desde su puesta en funcionamiento. Así, respecto al centro situado en Salamanca, el Servicio Territorial de Sanidad ha recibido desde el año 2014 un total de cinco reclamaciones relativas a dicho centro, como consecuencia de las cuales, los Servicios Oficiales de Salud Pública realizaron cinco visitas de inspección y se incoaron tres expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa sanitaria -dos de ellos están ya finalizados y uno en tramitación-.
Además, en esta provincia se constató el ejercicio de actividad sanitaria sin haber obtenido la preceptiva autorización de funcionamiento, por lo que la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca adoptó la medida cautelar de suspensión temporal de la actividad del centro.
En la provincia de Segovia, el Servicio Territorial de Sanidad ha recibido desde 2014 un total de 22 reclamaciones, por las que los Servicios Oficiales de Salud Pública han realizado cinco visitas de inspección y se han incoado cinco expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa sanitaria; tres están finalizados y uno actualmente en tramitación.
Por su parte, en el centro de Valladolid, el Servicio Territorial ha recibido 45 reclamaciones desde su puesta en marcha en 2014. Como consecuencia de las mismas, los Servicios de Salud Pública realizaron once visitas de inspección y se incoaron cinco expedientes sancionadores, de los que cuatro están finalizados y uno en tramitación. También, en esta provincia se constató el ejercicio de actividad sanitaria sin haber obtenido autorización, por lo que la Delegación Territorial de la Junta suspendió temporalmente, al igual que en Salamanca, la actividad del centro sanitario.
GARANTÍAS A LOS RECLAMANTES
En cuanto a las garantías ofrecidas a los reclamantes, Sáez Aguado ha explicado que en el caso de que la reclamación verse sobre incumplimiento de la normativa sanitaria de aplicación, se realiza una visita de inspección al centro sanitario y después, en caso de comprobarse los incumplimientos, se adoptan las medidas cautelares o de índole sancionador. El balance global en este caso es de 21 visitas de inspección, 13 expedientes sancionadores -la cuantía total de las sanciones propuestas supera los 30.000 euros- y dos cierres cautelares.
Cuando la reclamación versa sobre disconformidad con los tratamientos, dicha reclamación se remite a los colegios oficiales de Odontólogos, que se encargan de valorar las cuestiones deontológicas y de praxis médica. En el caso de que la reclamación sea sobre otras cuestiones relativas a los derechos económicos de los consumidores, la tramitación de la misma debe ser vía judicial o a través del Sistema Arbitral de Consumo.