La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, puede encontrarse con su primer gran escollo, apenas dos meses después de tomar posesión. Actualmente, el gobierno regional se encuentra en negociaciones con las organizaciones sindicales para ver la fórmula de aplicar de forma definitiva la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, entre ellos los profesionales sanitarios.
La decisión definitiva llegará este jueves, cuando la Junta volverá a reunirse con los sindicatos (CC.OO., UGT y CSIF), cita tras la que decidirá si accede finalmente a la petición sindical de prorrogar la jornada estival hasta finales de año, mientras se negocia la aplicación de las 35 horas a partir del 1 de enero de 2020.
CC.OO, UGT y CSIF avisan que harán un paro general de los empleados públicos el 6 de noviembre y varias concentraciones en el mes de octubre
El primer encuentro, celebrado este martes, acabó sin “ningún acuerdo” entre las partes. Un día después, los sindicatos han dado una rueda de prensa en la que han criticado que el Ejecutivo regional “empezó con la clara intención de no cumplir los acuerdos”. Por este motivo, y antes de que haya una decisión final, han amenazado con llevar a cabo “acciones contundentes” para “que la Junta recapacite”.
OTOÑO DE MOVILIZACIONES
Los representantes de CC.OO., UGT y CSIF han anunciado este miércoles que si la Junta de Castilla y León no acepta la propuesta presentarán “un calendario de movilizaciones”. Este comenzará el próximo 3 de octubre, con una serie de concentraciones ante las delegaciones territoriales de la administración y con la petición de reunión con los distintos delegados.
Rueda de prensa de CC.OO., UGT y CSIF de este miércoles (Foto. CC.OO. Castilla y León)
A estas le seguirán, avanzan los sindicatos, “un paro general de todos los empleados públicos de la comunidad” para el próximo 6 de noviembre. Asimismo, han programado una concentración regional para el 17 de octubre y un parón de dos horas y media en los centros de trabajo para el 25 de octubre.
LA JUNTA TEME LA FALTA DE PROFESIONALES
Desde la Junta de Castilla y León manifiestan su "disposición" pero advierten que el acuerdo debe asegurar una "adecuada organización para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos"
A través de una nota informativa, la Junta ha resaltado que tras la primera reunión mantienen “un compromiso inequívoco de alcanzar la aplicación de esta medida en esta legislatura, en beneficio de todos los empleados públicos de la comunidad”. En este sentido, han subrayado que está en vigor “su disposición por avanzar en esta materia como muestra de respeto y de puesta en valor del trabajo de todos los empleados públicos”.
No obstante, ha incidido en que la negociación y la posterior toma de decisión “debe sustentarse en una serie de pilares que garanticen su puesta en marcha”. La primera condición que ponen es que se asegure una “adecuada organización para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos”. En este sentido, destacan que esta medida tiene una “especial incidencia” en materias como sanidad, servicios sociales y educación”.
Por otra parte, han expuesto que es necesaria una “modificación normativa” en base a “los criterios fijados por el Estado” y que cumpla con la legislación vigente. También citan que el futuro acuerdo “debe tener solución de continuidad para garantizar la estabilidad de la medida a futuro”. Finalmente, de la administración avisan que debe hacerse “en base a garantías de equidad”, y que “alcance a todos los empleados públicos”.