La Junta de Castilla y León ha informado que ha finalizado el plazo de consulta pública del anteproyecto de ley por el que se regulan los derechos y garantías de las personas al final de su vida. Desde la administración regional, han precisado que a través del procedimiento administrativo de consulta previa, se avanza en la elaboración de la futura norma, más conocida como ley de muerte digna.
Cabe recordar que esta propuesta legislativa fue una de las primeras acciones que impulsó el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. En concreto, fue Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castillay León y portavoz del Ejecutivo regional, quien anunció su presentación y quien detalló que adaptarían la ley de Ciudadanos presentada en el Congreso de los Diputados a las características particulares de esta comunidad autónoma.
La propuesta normativa prevé asegurar "el máximo respeto" a la libre voluntad de las personas ante el proceso final de su vida y definir "un marco de actuación" para los profesionales sanitarios
Tras cerrar el periodo de consulta pública, la Consejería de Sanidad ha anunciado que “la semana que viene se hará público el texto del Anteproyecto, en el portal de Gobierno Abierto”. A continuación, este borrador será compartido con los colectivos interesados, como asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sociedades científico-médicas y sindicatos, con el fin de que puedan hacer las alegaciones que consideren.
REGULAR DERECHOS DE PACIENTES Y PROFESIONALES
Desde la administración regional subrayan que el objetivo de esta ley es “regular el ejercicio de los derechos que les corresponden a las personas en el proceso final de su vida, asegurando el máximo respeto a su libre voluntad en la toma de las decisiones que les afecten y garantizando la protección de su dignidad en esta fase vital”.
En el mismo sentido, han destacado que “pretende regular los derechos y deberes de los profesionales sanitarios que atienden a las personas que se encuentran en el proceso de morir, definiendo un marco de actuación y estableciendo las garantías que deben proporcionar las administraciones públicas e instituciones sanitarias y sociales a lo largo de dicho proceso”.