Publicado el Acuerdo Marco para el suministro de medicamentos en Castilla-La Mancha

Este documento establece un sistema centralizado que busca conseguir una mayor eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de medicamentos de los centros sanitarios de la comunidad.

Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Foto. Sescam)
Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Foto. Sescam)
CS
13 noviembre 2019 | 15:55 h

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado el Acuerdo Marco para la selección de proveedores de medicamentos, fluidoterapia y contrastes para los centros del sistema sanitario público regional. Consta de un total de 111 lotes y tiene un valor estimado de 175 millones de euros.

El Acuerdo Marco establece un sistema centralizado que permite racionalizar y mejorar la eficiencia de los procesos de aprovisionamiento de medicamentos para los centros al obtener una reducción de precios derivado de la aplicación de economías de escala.

Castilla-La Mancha ha sido reconocida por su estrategia de biosimilares, al aumentar un 530% en los últimos tres años

Entre las novedades, destaca la inclusión de lotes con nuevos medicamentos biosimilares y genéricos híbridos, cuyo impacto presupuestario es muy alto y que se enmarca en la estrategia farmacéutica promovida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que ha conseguido que la comunidad consiga la mayor penetración de medicamentos biosimilares en hospitales.

Castilla-La Mancha ha sido reconocida recientemente con el “Best in Class” a la Mejor Estrategia de Biosimilares, tras pasar de un 14% en 2016 a un 67% en el primer trimestre de 2019, lo que supone un aumento del 530% en sólo tres años.

La adquisición de medicamentos por parte de los centros del Sescam es necesaria para dar cobertura a los tratamientos que se administran a los pacientes ingresados en los hospitales, en las consultas de urgencias, a los pacientes a domicilio o en las los centros sociosanitarios. El Acuerdo Marco tiene una duración de 24 meses con una prórroga máxima de dos años más, y es necesario para cumplir con lo previsto en la nueva Ley de Contratos de las administraciones públicas. 

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