El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho pública, tras la celebración del último pleno en las Cortes regionales, la Ley 6/2018, gracias a la cual los empleados públicos de la Administración regional recuperan la jornada laboral de 35 horas semanales a partir del 1 de enero de 2019.
Tras este último paso, la Ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en las Cortes regionales, entrará en vigor a partir de mañana.
La Ley ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos
El Ejecutivo de Emiliano García-Page cumple así el compromiso que adquirió con los empleados públicos de recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales, tras la ampliación a 37,5 horas que se aprobó en la anterior legislatura, mediante una ley de ámbito regional.
Ya en enero de 2016 se implantó la jornada de 35 horas semanales, con lo que Castilla-La Mancha se convirtió en la primera Comunidad Autónoma en recuperar ese derecho para sus empleados públicos. Sin embargo, un recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en funciones supuso su posterior anulación por el Tribunal Constitucional.
MEJORA DE LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS
Ahora, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 posibilita que se pueda implantar la jornada de 35 horas semanales, por lo que los empleados públicos empezarán a disfrutarla al comenzar el próximo año.
La aprobación de la ley mejora, al mismo tiempo, la calidad de prestación de los servicios públicos
Además de la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración regional, la implantación de esta medida supondrá una mejora en la calidad de prestación de los servicios públicos y en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos.
La recuperación de la jornada de 35 horas semanales se suma a las más de 60 medidas en materia de función pública que se han implantado en esta comunidad autónoma durante esta legislatura para recuperar los derechos de los empleados públicos y que han supuesto un incremento en el gasto de personal de 362 millones de euros.