El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2025, que entrará en vigor el 1 de enero. Este presupuesto, aprobado por las Cortes regionales el pasado 19 de diciembre, asciende a 12.716 millones de euros, con un incremento del 1,9 % respecto al año anterior.
De esta cifra, 7.125 millones de euros, equivalentes al 72 % del gasto no financiero, se destinarán a reforzar los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Este esfuerzo supone un aumento de 2.625 millones de euros respecto al presupuesto de 2015, y tiene como objetivo consolidar el bienestar social en la región.
Siete de cada diez euros tienen como destino los servicios fundamentales, para aumentar los profesionales sanitarios
En el ámbito sanitario, la inversión permitirá incrementar el número de profesionales, modernizar infraestructuras y equipamientos, y avanzar en innovación y digitalización, consolidando la modernización del sistema de salud en Castilla-La Mancha.
De esta manera, siete de cada diez euros tienen como destino los servicios fundamentales, para aumentar los profesionales sanitarios y docentes, invertir en equipamiento e infraestructuras y avanzar en innovación.
Los presupuestos se han elaborado y tramitado en un marco de normalidad y estabilidad política e institucional, con el horizonte puesto en cuatro grandes objetivos: redistribuir la riqueza que como sociedad se genera, a través de la sanidad, educación y servicios sociales, blindando los servicios públicos fundamentales; incentivar la actividad económica y la modernización del tejido productivo, promoviendo la transición ecológica y la transformación digital; impulsar la Estrategia Regional frente a la Despoblación, financiando las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de estas zonas, favoreciendo la implantación y el mantenimiento de actividad empresarial, incrementando los servicios públicos e impulsando medidas dirigidas a la conciliación, apoyo a las familias, la inclusión social y acceso a la vivienda; y mantener el carácter inversor de estas cuentas, inherente a los presupuestos que se vienen elaborando desde 2015, para ampliar y modernizar las empresas e infraestructuras que permitan mejorar la calidad de vida de los servicios públicos de la Administración regional.