Castilla-La Mancha es, desde el pasado mes de noviembre, una de las tres comunidades autónomas que cuentan con un procedimiento administrativo sancionador para las agresiones a sanitarios que va más allá de la vía judicial. Con multas que van de los 600 a los 15.000 euros, y que incluyen cualquier tipo de agresión físicao verbal, el director general del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), Alberto Jara, ha informado que en las próximas semanas iniciarán una ronda de consultas por las distintas gerencias para dar a conocer este nuevo procedimiento y cómo se va a poner en marcha.
Todo ello para tratar de reducir las 646 agresiones registradas el año pasado en Castilla-La Mancha, la inmensa mayoría de ellas en las consultas de Atención Primaria y sufridas por mujeres (77%) y profesionales de Medicina (46%). Por tipo de agresión, la mayoría fueron verbales, hasta en un 93%, mientras que las físicas solo supusieron el 3,2%. Son, eso sí, menos que en años anteriores, cuando, recuerda Jara, llegaron a alcanzar las 20,56 por cada 1.000 trabajadores en 2021. En 2023, en cambio, la ratio fue de 17,57.
La gran mayoría de las agresiones registradas en Castilla-La Mancha fueron sufridas por mujeres (77%) y profesionales de Medicina (46%)
De igual manera, el 93% de las “peticiones de auxilio jurídico” estuvieron motivadas por insultos y amenazas; el resto, por agresiones físicas. Además, de todos los procedimientos terminados judicialmente, el 75% finalizaron con una sentencia condenatoria, y dos de ellas con delito de atentado. “Con esta actuación ampliamos el radio de protección de los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y nos dotamos de un procedimiento más ágil que la vía judicial”, apunta el director gerente del SESCAM.
Junto a la cuantía de las multas, el Decreto de competencias sancionadoras en el ámbito de las competencias de la Consejería de Sanidad, publicado en el citado mes de noviembre, indica cuáles son los órganos competentes para iniciar y resolver dichos procedimientos sancionadores “en base a las acciones tipificadas como infracción en la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha”. Cualquier agresión podrá así ser denunciada y sancionada tanto por la vía penal como por la específica de la comunidad autónoma.
Cualquier agresión puede ser denunciada y sancionada tanto por la vía penal como por la específica de la comunidad autónoma
Los órganos son, en el caso de las infracciones calificadas como leves (sanción mínima de 600 euros), que hacen referencia a la destrucción o deterioro de bienes instalaciones y servicios sanitarios, los delegados provinciales de Sanidad; en el de las graves (sanción mínima de 3.000 euros), que tienen que ver con la falta de respeto, amenazas e insultos a los profesionales de los centros sanitarios, los directores generales de la Consejería de Sanidad
Y, por último, en el de las muy graves (sanción mínima de 15.000 euros), agresiones físicas, si no superan los 120.000 euros, el órgano para tramitar el procedimiento sancionador es el titular de la Consejería de Sanidad; si lo superan, el encargado será el Consejo de Gobierno. Alberto Jara ha recordado todos estos puntos durante la reunión del Pleno del Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, un foro de encuentro en el que están representados el Gobierno regional, el Gobierno central -a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, los Colegios Profesionales y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial.