La consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, deberá dar nuevas explicaciones sobre las supuestas irregularidades que se han producido en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Esta vez, deberá comparecer en la Comisión de Sanidad después de que la mesa de esta comisión haya aprobado, por unanimidad, la solicitud planteada por Ciudadanos.
Además de la máxima responsable sanitaria en esta comunidad, también deberán comparecer altos cargos del SCS. En concreto, deberán manifestarse el gerente, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González. Estas dos comparecencias habían sido solicitadas por Podemos, las cuáles también han sido aceptadas.
Hasta el momento, Real ha asegurado que no tiene conocimiento de "irregularidad alguna" y que existe "absoluta normalidad administrativa en los procedimientos de contratación"
De esta manera, María Luisa Real tendrá que volver a explicar qué ha pasado sobre este asunto. En esta semana, la consejera respondió a preguntas de la oposición en el Parlamento de Cantabria. En su intervención, defendió que existía “absoluta normalidad administrativa en los procedimientos de contratación” y que no tenía conocimiento de “irregularidad alguna”. Esta visión fue respaldada por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien cree que se ha actuado de forma “impecable”.
DENUNCIAS DEL PP Y LA JEFA DE CONTRATACIÓN
El caso sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones del SCS aparecía con la denuncia transmitida por Inmaculada Rodríguez, jefa del Servicio de Contratación Económica y Gestión Administrativa, quien aseguró que se habían practicado adjudicaciones a la carta.
Tan sólo unas semanas después, y después de haber escuchado las explicaciones de la Consejería, desde el Partido Popular de Cantabria se han sumado a llevar el asunto por la vía judicial anunciando que iban a presentar una denuncia ante la Fiscalía de esta región. Su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que su partido tiene indicios de que se han cometido delitos de malversación, de tráfico de influencias y de falsedad documental.