El Partido Popular de Cantabria ha optado por pasar de la vía política a la judicial y ha dado un paso más para saber qué ha pasado exactamente con las supuestas irregularidades que se han practicado en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Esta formación ha informado que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria para que lo investigue.
Según ha anunciado la presidenta del PP en esta región, María José Sáenz de Buruaga, y así lo han publicado en un comunicado, el partido tiene “indicios de que se pudieron cometer presuntos delitos de malversación cuando se adjudicaron contratos de asesoramiento externo que no estaban justificados, contratos por asistencias técnicas injustificadas, inexistentes o ficticias porque no había nada sobre lo que asesorar”.
Buruaga afirma que su partido tiene indicios de que se han cometido delitos de malversación, de tráfico de influencias y de falsedad documental
Asimismo, han identificado que “el uso fraudulento de la contratación menor puede constituir, además de un delito de tráfico de influencias, un delito de malversación por doble contratación”. Además, creen que hay indicios “de que la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados a los centros pueden constituir un delito de falsedad documental en concurso con usurpación de funciones públicas”.
PIDEN EL “CESE INMEDIATO” DE LA CONSEJERA
Desde el PP han decidido pasar a la vía judicial al considerar que en los 15 días que han pasado desde que se dieron a conocer los hechos y se trasladaron al presidente Miguel Ángel Revilla, “ni se han depurado responsabilidades políticas como reproche a un escándalo monumental ni se ha abierto una verdadera investigación a través de la Intervención General”.
Desde el PP de Cantabria apuntan que esta denuncia "no supone el abandono de la vía política"; mientras, exigen el "cese inmediato de la consejera, del gerente y del subdirector del SCS"
A pesar de ello, Buruaga ha señalado que la formalización de esta denuncia “no supone que el Partido Popular abandone la vía política ni renuncie a una respuesta política”. No obstante, entienden que el Gobierno “nos ha abocado a ello, nos ha empujado a la Fiscalía”. Desde las filas populares reclaman “el cese inmediato de la consejera, del gerente y del subdirector del SCS”.
Esta misma semana, tanto Miguel Ángel Revilla como la consejera de Sanidad, María Luisa Real, intervinieron en el Parlamento de Cantabria y defendieron su actuación ante este caso. Revilla considera que se ha procedido de manera “impecable” y Real ha defendido que existe “absoluta normalidad administrativa en los procedimientos de contratación”.