La Fiscalía de Cantabria encuentra indicios de delito en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), caso que está acorralando a la Consejería que lidera María Luisa Real. Así se entiende después de que el Ministerio Público haya remitido la investigación sobre las presuntas irregularidades a los juzgados de instrucción, de manera que se van a abrir diligencias “tendentes a la averiguación de los hechos y presuntos responsables”.
Se trata de un escrito fechado el 26 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Press. El documento ha sido remitido a Izquierda Unida, formación que denunció ante la Fiscalía en primer lugar las presuntas irregularidades en los contratos del SCS. Posteriormente, el PP se sumó y también presentó denuncias.
Las supuestas irregularidades provocaron las dimisiones del gerente del SCS y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras; Real se ha desmarcado de cualquier tipo de dimisión
Ambas formaciones tramitaron sus denuncias en torno al mes de mayo, justo después de que la jefa del Servicio de Contratación Económica y Gestión Administrativa, Inmaculada Rodríguez, enviara una carta a la consejera de Sanidad en la que denunciaba irregularidades en su departamento como adjudicaciones a la carta.
Tanto IU como PP argumentaron que existían indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones. Alegaban que existían “adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento” de la contratación menor, recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados, “desembarco” de asesores externos que “intervienen e interfieren” en los procesos de contratación, y elaboración de informes “a la carta” para “dirigir” las adjudicaciones.
El caso de las supuestas irregularidades ha provocado las dimisiones del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez. Por su parte, Luisa Real se ha desmarcado en todo momento de presentar su dimisión por el caso, dando por zanjado el asunto por los anteriores ceses. Mientras, el Parlamento de Cantabria se ha creado una comisión de investigación sobre la contratación en el SCS desde el 2011.