La instructora del Tribunal de Cuentas (TC) encargada de estudiar el expediente del caso de las mascarillas de Canarias, Carmen Rosado, ha señalado que los hechos analizados "no son susceptibles de que sea declarado un presunto alcance" por su parte porque, según especifica, el propio Servicio Canario de Salud (SCS) y la Agencia Tributaria Canaria trataron de recuperar, vía apremio y ejecución, los cuatro millones de euros entregados a la compañía RR7 por un 1.000.000 de mascarillas que no llegaron a ser entregadas a la Administración sanitaria.
Según informa Canarias7, el citado tribunal optó por una apertura de diligencias en 2022, incluyendo en las mismas el borrador del informe de la Audiencia de Cuentas que apuntaba la posibilidad de irregularidad contable en ese contrato. El pleno de la Audiencia no llegó a aprobar la propuesta de informe, pero las diligencias siguieron su curso en la capital del Estado.
Rosado apunta que no cabe pronunciarse acerca de una presunta irregularidad contable al perdurar el procedimiento de recuperación del dinero, por lo que ha decidido no entrar en el caso
En el contexto de las actuaciones previas en el Tribunal de Cuentas, se destaca que el "resarcimiento" del presunto daño por importe de cuatro millones de euros "se encuentra en ejecución por la Agencia Tributaria Canaria". No en vano, Rosado apunta que no cabe pronunciarse acerca de una presunta irregularidad contable al perdurar el procedimiento de recuperación del dinero, por lo que ha decidido no entrar en el caso.
En estos momentos, el caso de las mascarillas está siendo instruido por la Fiscalía Europea, que asumió la competencia al entender que afectaba a fondos de la Unión Europea.