La sanidad universal es uno de los principales derechos sociales que se recogen en España. Una ventaja del Estado de Bienestar en el que vivimos que va más allá de la nacionalidad de las personas que se encuentren en territorio nacional. En casos como el de Canarias, cobra especial importancia este concepto, dada la numerosa llegada de inmigrantes a sus costas procedentes del continente africano. No en vano, según cifras del Ministerio de Interior, hasta el 31 de julio, 21.470 migrantes han llegado a las Islas Canarias, 2.213 personas en el último mes.
Esta crisis migratoria supone un importante esfuerzo para el Servicio Canario de Salud (SCS), tanto a nivel de financiación como en lo que respecta a la dotación de recursos humanos. En concreto, durante los primeros seis meses de este 2024 la atención sanitaria a las personas que llegan a bordo de cayucos implicó para el Gobierno de Canarias la inversión de 9,35 millones de euros. Una cifra que duplica la dotación de 2023 en este mismo periodo y constituye el 0,43% del presupuesto total del SCS.
Canarias ha venido solicitando al Gobierno central la puesta en marcha de una compensación con financiación extra que permita sufragar el gasto que asumen las arcas de las comunidades autónomas en la asistencia a los migrantes
Desde la consejería de Esther Monzón estiman que el coste total en este ámbito para finales de año podría alcanzar los 30 millones de euros. Razón por la cual Canarias ha venido solicitando al Gobierno central la puesta en marcha de una compensación con financiación extra que permita sufragar el gasto que asumen las arcas de las comunidades autónomas en la asistencia a los migrantes. Una atención que, además, los servicios de salud han de complementar con la necesaria continuidad asistencial que se presta al resto de la población.
La propia Monzón ha sido la encargada de poner sobre la mesa esta realidad a lo largo de las últimas reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, solicitando al Ministerio de Sanidad de Mónica García que se implique decididamente en la gestión sanitaria de los migrantes y medie con el Gobierno de España para reforzar las dotaciones en inversión y recursos. Entretanto, el Servicio Canario de la Salud continúa haciendo lo posible por destinar los profesionales, infraestructuras y recursos económicos necesarios para velar por la asistencia sanitaria de quienes se ven obligados a llegar en cayuco.
FALTAN RECURSOS
De la misma manera que ocurre a lo largo de todo el país, Canarias sufre también el desafío de la falta de profesionales suficientes para cubrir las necesidades de toda su población. Unas carencias que la inmigración aún tensiona más. Por ello, la consejera de sanidad ha pedido al ministerio que derive hasta su región a médicos y enfermeras de cualquier fuerza de seguridad del Estado, incluso militares. Igualmente, desde el archipiélago han instado también al Ejecutivo central a reforzar el convenio con Cruz Roja, organización clave a la hora de ofrecer la primera asistencia sanitaria a los migrantes.
Canarias cuenta desde abril de 2023 con un protocolo específico para la Asistencia Sanitaria a Menores Migrantes, llamado ‘Infancia en Movimiento’
En esta línea, el SCS cuenta con un protocolo para la atención sanitaria de los migrantes irregulares, tanto en el momento de arribar a sus costas como en los diferentes centros de acogida repartidos por el archipiélago. Asimismo, recoge la posibilidad de que sean derivados hacia los hospitales cuando requieran de la asistencia de un especialista, como en casos de deshidratación o hipotermia severa, lesiones traumáticas, parada cardiorrespiratoria, estar embarazada o ser menores de dos años, entre otras.
ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES
Precisamente, el colectivo de los menores es uno de los que más preocupación genera. Por ello, Canarias cuenta desde abril de 2023 con un protocolo específico para la Asistencia Sanitaria a Menores Migrantes, llamado ‘Infancia en Movimiento’. Un documento confeccionado por un equipo multidisciplinar de profesionales bajo la coordinación de la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS, y que contempla las necesidades concretas de las personas menores migrantes en todas las etapas, tanto a su llegada como durante su estancia en el archipiélago.
El protocolo se sustenta en un enfoque biopsicosocial en la atención sanitaria, que considere tanto los aspectos clínicos como los psicológicos y los determinantes sociales de la salud
Este marco de referencia, además, pone el foco en las diferentes necesidades de salud física y mental que presenta este colectivo, configuradas por las experiencias en sus países de origen, incluyendo el sistema de salud, su tránsito migratorio y las condiciones de vida en la comunidad de acogida. Asimismo, el protocolo se sustenta en un enfoque biopsicosocial en la atención sanitaria, que considere tanto los aspectos clínicos como los psicológicos y los determinantes sociales de la salud.