En enero de 2017, José Manuel Baltar era nombrado consejero de Sanidad de Canarias. Desde su llegada al cargo, su gestión ha estado bañada de críticas por su trayectoria profesional anterior, ligada a la gerencia de un hospital privado.
Este motivo ha generado dudas sobre su gestión a los partidos de la oposición que han llegado a hablar de “favoritismo” hacia Clínicas San Roque, grupo hospitalario en el que antes ejercía. Así, ha ocurrido en varios debates sobre el estado de la Sanidad, en los que, por el contrario, Baltar ha negado dichas acusaciones y ha reiterado su honorabilidad.
Su pasado no ha sido el único problema al que ha tenido que enfrentarse el consejero canario durante su mandato. Las listas de espera han sido otra causa de disputa, esta vez, con la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). Los datos del informe presentado por dicha organización no fueron del gusto de Baltar, que los calificó de poco “neutrales”. El documento de la Fadsp dejaba muy mal parada a la sanidad canaria, situándola como la región con peores servicios sanitarios de toda España.
Las vacunas han protagonizado la última polémica de Baltar al mando de la Sanidad canaria. Por un lado, con el Ministerio de Sanidad, y, por otro lado, con Podemos
Por otra parte, las vacunas han protagonizado la última polémica de Baltar al mando de la Sanidad canaria. Por un lado, con el Ministerio de Sanidad, y, por otro lado, con Podemos.
El pasado mes de febrero, el consejero proponía la incorporación de la vacuna frente a la meningitis bacteriana en el calendario vacunal autonómico. Hecho que no fue del agrado de la actual ministra en funciones, María Luisa Carcedo, que señalaba que “incorporar vacunas no debe ser una decisión política”. No obstante, Canarias no fue la única en plantear dicha propuesta. Castilla y León y Melilla ya han incorporado dicha vacuna (Bexsero) en sus calendarios.
Por su parte, Mila Hormiga, responsable de Sanidad de Podemos Canarias, acusaba este mes al consejero de perjudicar “la consecución de un pacto general beneficioso para la ciudadanía de todas las comunidades autónomas”. Hormiga apuntaba que la inclusión de fármacos, tratamientos y productos sanitarios en la cartera sanitaria de servicios de una comunidad “debe estar siempre respaldada por un consenso nacional previos del SNS”.