La Unión General de Trabajadores (UGT) ha presentado un recurso, de tipo contencioso-administrativo, en el que solicita a la Justicia la suspensión del concurso de ambulancias convocado y adjudicado por el Gobierno de Canarias. Según informa eldiario.es, la organización sindical entiende que los pliegos se saltan una normativa que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
La discusión se genera con la figura profesional del técnico de Emergencias Sanitarias (TES), un perfil que no aparece reflejado en estas bases y que se equipara a otros profesionales como el celador o el conductor. Desde UGT explican que el Real Decreto 836/2015 insta a que estos perfiles profesionales de las ambulancias de soporte vital básico (B) y de soporte vital avanzado (C) dispongan del título de Formación Profesional (FP) de técnico de Emergencias Sanitarias.
"Se produce un perjuicio que repercute en la prestación del servicio que se ofrece a los ciudadanos, a la que se suma una incertidumbre laboral respecto a las funciones a desempeñar, que también son diferentes"
No obstante, un anexo de los citados pliegos incorpora un documento que omite esta categoría y encuadra todas las profesiones, con independencia de su formación académica, como técnicos en Transporte Sanitario. En este contexto, es preciso recordar que estos perfiles profesionales no tienen la consideración de personal sanitario, como sí ocurre con los TES, y solo necesitan estar en posesión del permiso de circulación B, el más frecuente en nuestro país.
A juicio del sindicato, esta "confusa redacción" deriva en consecuencias perjudiciales para los trabajadores en posesión de la FP. Entre otras, continúan, se encuentra una retribución inferior a la que les corresponde en base a su titulación académica. Además, "se suma una incertidumbre laboral respecto a las funciones a desempeñar, que también son diferentes" y se produce "un perjuicio que repercute en la prestación del servicio que se ofrece a los ciudadanos".
La acción de la Unión General de Trabajadores se ha tomado tras agotar la vía administrativa. En ella se desestimó el recurso que interpuso el sindicato los idénticos motivos en marzo de 2019 ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la comunidad autónoma.