La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia María Pérez, han presentado este jueves el Protocolo de actuación sanitaria y de coordinación interinstitucional para el abordaje de las situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en Canarias. En la presentación de las especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del SCS, Ángeles Cansino y en Medicina Forense del Instituto de Medicina Legal, Eva Bao, como representantes del grupo coordinador del Protocolo.
El principal objetivo de este protocolo es establecer pautas de actuación ante la sospecha de violencia en una persona menor de edad desde los servicios sanitarios, así como las vías de comunicación y actuación coordinada con el resto de instituciones que intervienen. Además, se busca mejorar la detección y la actuación sanitaria ante la violencia en la infancia y la adolescencia en el archipiélago, evitando la victimización secundaria y garantizando la protección de las personas menores víctimas de violencia con un mismo protocolo regional de actuación.
“Los profesionales de la salud, como asesores de confianza para progenitores, cuidadores y familias, juegan un papel importante en la prevención de la violencia por su conocimiento del ámbito familiar"
Durante su intervención, la consejera puso en valor el trabajo realizado por un equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos. Según explicó, este documento es el resultado del trabajo de más de cincuenta profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, policial, Medicina forense, Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias y de los equipos municipales e insulares, así como del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.
Antonia Pérez recordó que “los profesionales de la salud, como asesores de confianza para progenitores, cuidadores y familias, juegan un papel importante en la prevención de la violencia por su conocimiento del ámbito familiar y como promotores de educación para la salud, de habilidades parentales y promoviendo prácticas adecuadas basadas en la evidencia, que sean enriquecedoras y positivas”. También incidió en la importancia de un abordaje de la violencia eficiente para evitar la menor afectación a la salud de la víctima.
El protocolo recoge todos los tipos de violencia que puede sufrir la población infantil y adolescente: física, emocional o psicológica, de género, sexual, prenatal y perinatal, negligencias, trata y explotación infantil, etc
El protocolo recoge todos los tipos de violencia que puede sufrir la población infantil y adolescente: física, emocional o psicológica, de género, sexual, prenatal y perinatal, negligencias, trata y explotación infantil, trastorno facticio inducido por la persona cuidadora o la ejercida desde las instituciones, entre otras. Para todos estos casos, el documento recoge tanto sus indicadores que ayuden a los diferentes profesionales a identificar un caso, como las pautas a seguir para dar una asistencia y cobertura integral, tanto desde el punto de vista sanitario como judicial y de protección.
La consejera afirmó que las principales novedades de este protocolo radican en que el 1-1-2 se encarga de poner en contacto a todos los actores involucrados y que, una vez activados, “se trabaja desde una perspectiva de no victimización secundaria, es decir, que no se hagan múltiples exploraciones y entrevistas, sino que de una sola vez estén todos los profesionales implicados en la misma sala y mismo momento, tanto desde justicia como fuerzas y cuerpos de seguridad y sanitarios”, explicó.
“El gran avance que supone la puesta en marcha de este protocolo interinstitucional es el hecho de que los niños, niñas y adolescentes que requieren una solución inmediata y no deben ser derivados al hospital"
“El gran avance que supone la puesta en marcha de este protocolo interinstitucional es el hecho de que los niños, niñas y adolescentes que requieren una solución inmediata y no deben volver a su domicilio, no tienen que ser derivados al hospital, sino que será la fiscalía la que actúe de manera urgente para solucionar esta situación, a excepción de los siguientes casos que serían los únicos a derivar al hospital: cuando haya indicios o evidencias de violencia que precisen atención hospitalaria y los casos de agresión sexual, con o sin violación, reciente”, concluía Antonia María Pérez, directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS).