Continúa la polémica en torno a los 4 millones de euros que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pagó en la primera ola de la pandemia del Covid-19 para adquirir mascarillas FFP3, las cuáles no llegó a recibir en ningún momento.
La última novedad de la investigación, según publica el diario regional Canarias 7, es que estos pagos a la empresa de compra y venta de vehículos con nombre RR7 United SL, que no tenía ningún tipo de relación con el sector sanitario, se realizó sin suscribir ningún tipo de contrato.
La empresa afirma que no suscribió contrato con el SCS y que las negociaciones se realizaron por vía telefónica; mientras, el SCS afirma que hay un documento que formaliza el pedido
En concreto, el Servicio Canario de Salud (SCS) ordenó el pago de dos transferencias a esta empresa. Al margen de ello, la investigación impulsada por el Tribunal de Cuentas junto a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada apunta a que el SCS contactó con Samuel Machín, quien presuntamente intermedió con la empresa y se abría beneficiado de hasta 80.000 euros por la operación.
A continuación, fue ConradoDomínguez, actual director del SCS y por entonces uno de los integrantes del Comité de gestión de emergencias sanitarias de Canarias con motivo de la crisis del Covid-19, quien se dirigió a la Dirección General de Recursos Económicos e informó de la oferta para adquirir un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros con dicha empresa.
Por su parte, la empresa afirma que no suscribió en ningún momento un contrato con el Servicio Canario de Salud y que las negociaciones se realizaron por vía telefónica. No obstante, este medio indica que el SCS envió a RR7 United un documento en forma de formalización de pedido con fecha de 20 de mayo de 2020.
EL SCS ASPIRA A RECUPERAR LOS 4 MILLONES
El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, confirmó recientemente que el organismo que lidera pagó en 2020 cuatro millones de euros a una de venta de coches para adquirir un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron al archipiélago.
El SCS abonó este importe por adelantado a la empresa RR7 United SL en dos pagos. Sin embargo, lo único que llegó a la comunidad autónoma es una partida de mascarillas FFP3 que eran falsas, por lo que fueron destruidas al no cumplir con los requisitos sanitarios.
Conrado Domínguez recordó la situación de “excepcionalidad” en la que se formuló este contrato de emergencia para la compra de material sanitario, justo a inicio de la pandemia del Covid-19
A pesar de esta circunstancia, desde el SCS aseguran que trabajan para recuperar esta cantidad. El propio Conrado Domínguez indicó que llevan tiempo con un procedimiento abierto para recuperar esos 4 millones de euros, para lo que han recurrido a la Agencia Tributaria.
En todo caso, Domínguez recordó la situación de “excepcionalidad” en la que se formuló este contrato de emergencia para la compra de material sanitario, justo a inicio de la pandemia del Covid-19. Igualmente, defendió recurrir a una empresa no sanitaria por el hecho de que en dicho momento no había suficientes recursos y porque “competíamos con el mundo”.
La prensa local señala, además, que de los 4 millones abonados por el Gobierno canario, tan solo 2,65 millones se destinaron a la supuesta adquisición de las mascarillas mencionadas. Mientras, el resto del dinero fue distribuido a las personas que participaron en la operación en forma de comisiones.