La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha retomado las negociaciones para actualizar el convenio colectivo de los 1.400 ex trabajadores de Ribera Salud subrogados como personal laboral a extinguir tras la vuelta a la gestión pública del departamento de salud de la Ribera y que caducó en diciembre de 2018.
Sobre la mesa, cuál va a ser la nueva realidad de los derechos laborales de unos empleados que hasta hace año y medio dependían de una empresa privada y, sobre todo, cómo afrontar el reto de homogeneizar los horarios y jornadas laborales de ex trabajadores privados y personal estatutario de la Consejería que, hoy por hoy, sigue generando problemas a diario por lo dispar.
“Caos organizativo en el hospital cuando hablamos, por ejemplo, de sustituciones entre uno y otro tipo de personal”
De hecho, y pese a que el tema como tal no se abordó en la reunión, sí se acordó que sería el tema principal del nuevo encuentro de noviembre. El subsecretario de la Consejería de Sanidad, David Fernández, que presidía la reunión, solicitó a los sindicatos propuestas para ver cómo abordar el problema, según adelanta Levante, el Mercantil Valenciano.
De media el personal subrogado de Alzira está “unas 160 horas por encima del personal de la administración”, según el representante del sindicato Simap, Pedro Durán, lo que supone un verdadero “caos organizativo en el hospital cuando hablamos, por ejemplo, de sustituciones entre uno y otro tipo de personal”, añadía el representante de CSIF, Enrique Martínez.
Poco habituados a tener que negociar convenios colectivos, la administración había dejado en suspenso las reuniones (solo se mantuvieron dos, una en enero y otra en febrero) hasta poder tener claros ciertos aspectos sobre qué derechos laborales podrían mantener estos trabajadores laborales.
Las conclusiones emitidas por la Abogacía de la Generalitat a principios de año a preguntas de la directora general de Recursos Humanos, Carmen López, volvieron a exponerse ante los sindicatos: la jubilación parcial anticipada no tenía encaje en la administración pública y tampoco la promoción interna de los trabajadores, cuestión sobre la que, al parecer, se va a admitir poco debate.
Uno de los derechos sobre los que, al parecer sí, podría llegarse a consenso es en la movilidad interna del personal, es decir, la posibilidad de optar a ocupar otro puesto de la misma categoría en otro departamento. “De la promoción interna ya nos han advertido que no se van a mover porque choca con el decreto de subrogación y tenemos vedado todo lo que sea novación contractual”, explicó Martínez, aunque sobre la movilidad “han abierto una puerta y podríamos llegar a un acuerdo siempre que no se incurra en ninguna anomalía”, según Durán.
Desde Cemsatse, su representante Amparo Ferrer, actual presidenta del comité de empresa, confió en que las propuestas sindicales abrieran el camino “a encontrar puntos de acuerdo”.