El Pleno del Consell ha aprobado un acuerdo marco para el suministro de medicamentos de uso humano utilizados en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica en los centros dependientes de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública.
Los beneficiarios de este acuerdo son, por una parte, los centros sanitarios dependientes de la consejería, así como las empresas licitadoras que, al participar en convocatorias centralizadas, pueden acceder a mayores oportunidades de negocio en un único procedimiento. También está dirigido a las personas usuarias finales, tanto profesionales como pacientes, que acceden a los productos de mayor calidad en el mercado.
Este acuerdo marco supone la selección de empresas con las que, posteriormente, se formalizarán los contratos basados para el suministro de los medicamentos que tratarán la esclerosis lateral amiotrófica.
El importe total del contrato será de 135,5 millones, aunque admite una variación del 20% sobre de la cantidad, siempre que las necesidades reales sean superiores a las estimadas inicialmente
Está previsto que el acuerdo marco entre en vigor en 2020. La duración de cada contrato es de dos años, sin posibilidad de prórroga.
El importe total del contrato será de 135,5 millones, aunque admite una variación del 20% sobre de la cantidad, siempre que las necesidades reales sean superiores a las estimadas inicialmente.
Esta variación en la cuantía de los contratos puede deberse a un aumento de pacientes en el sistema público de salud que necesiten estos fármacos; la aparición en el mercado de equivalentes terapéuticos; la revisión a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del precio industrial máximo de los medicamentos incluidos en los lotes o innovaciones tecnológicas que mejoren las características de los medicamentos.
PLAN DE ACTUACIÓN
Las licitaciones derivadas de este acuerdo marco se incluyen en el Plan de actuación de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública para incrementar el porcentaje de productos de compra centralizada desde el 25% actual hasta el 40% (y hasta el 80% al final de la legislatura).
El objetivo es obtener los mejores precios (el ahorro estimado de las compras realizadas por la central de compras oscila entre un 15% y un 20% en función del producto) y, sobre todo, para obtener los productos de mayor calidad y una equidad y eficiencia de las compras públicas, además de cumplir con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.