El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha solicitado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el “cese de forma fulminante a la consejera de Sanidad”, Carmen Montón, después de que la Fiscalía haya archivado las diligencias de investigación penal en torno a las facturas del Hospital Provincial, al no ver ningún indicio de delito en la gestión del Consorcio, algo que había denunciado Sanidad ante los tribunales.
Concretamente, el equipo de Montón había llevado a la Fiscalía una trama que defraudó, supuestamente, más de 32 millones de euros en contratos irregulares con el Hospital Provincial de Castellón. Ahora, el ministerio público ve posibles “irregularidades administrativas o contables”, pero no indicios de prevaricación o malversación.
El equipo de Montón había llevado a la Fiscalía una trama que defraudó, supuestamente, más de 32 millones de euros en contratos irregulares con el Hospital Provincial de Castellón
Por ello, el presidente de la diputación castellonense ha pedido a la consejera una disculpa. “Pido que el mismo paseo y desfile de platós de medios de comunicación que realizó en su día para acusarnos y señalarme a mí como responsable del 'pufo' y de todo lo que según ella habría supuesto 'llevarse crudos' 25 millones de euros, ahora es momento de que la consejera pida disculpas públicas por el daño que ha hecho a la imagen del Consorcio del Hospital Provincial”, ha indicado Moliner.
LA GERENCIA DEL CENTRO JUSTIFICA LA DENUNCIA
Por su parte, el gerente del centro, Ximo Sanchís, quien encabezó la denuncia ante la Fiscalía para trasladar irregularidades referentes a etapas anteriores en las que el Consorcio estaba regido por otro equipo de gobierno, ha puntualizado que “ante la sospecha del mal uso de dinero público”, su equipo remitió las irregularidades detectadas a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la Fiscalía de Castellón.
Todo ello se hizo, ha añadido, cumpliendo “nuestra obligación de control del dinero público y en la gestión, y nuestro compromiso de trasladar a las entidades competentes las irregularidades que se detecten para garantizar el buen uso del dinero público”. Tras la denuncia, la Fiscalía abrió una investigación penal que se cierra meses después con el archivo del caso.