La Comunidad Valenciana se ha puesto las pilas en el abordaje de la ludopatía con la aprobación por parte del Gobierno de Ximo Puig, el pasado mes de octubre, del proyecto de Ley del Juego que elevará los controles de acceso de los menores a las casas de apuestas y salones de juego y consolida un incremento de la fiscalidad para las tragaperras y terminales de apuestas. Y no solo eso, también ayudará a combatir la ludopatía.
Esta nueva normativa ha sido bien recibida por las asociaciones de ayuda y prevención al ludópata, no tanto, por el sector del juego cuya patronal ya denuncia las numerosas pérdidas. Según publica Valencia Plaza, el director general de la patronal CEjuego, Alejandro Landaluce, como mínimo, dijo, la mitad de las casas de apuestas y salones de juego de Valencia ciudad tendrían que cerrar.
Activadores de máquinas obligatorios, más carga fiscal o una distancia mínima entre establecimientos y colegios, entre los puntos más polémicos
Con la nueva normativa, todos aquellos casinos o casas de apuestas que se encuentren a menos de 1.000 metros de distancia de centros escolares echarán el cierre. Además, establece el control de acceso a pie de calle en todos los locales de juego. Se obliga a los responsables de bares y restaurantes a tener un activador de las máquinas, similar al sistema implantado con las expendedoras de tabaco.
MÁS RESTRICCIONES
Tal y como informa El Confidencial, los grupos políticos han presentado, además, correcciones que refuerzan las restricciones a la instalación de máquinas y salones de juego o apuestas. El PSPV ha introducido una enmienda que fija en 700 metros la distancia mínima entre locales de apuestas y salones de juego y 150 metros el espacio entre este tipo de establecimientos y los colegios.
Compromís va más allá con otra enmienda que incrementa hasta 1.000 metros la distancia entre locales y salones, 1.200 metros entre bingos y 4.000 entre casinos o salas apéndice. Eleva también la distancia entre estos establecimientos y los colegios o institutos en 250 metros.
La norma tendría efectos retroactivos lo que imposibilitaría a cualquiera de estos locales mantenerse abiertos, salvo que cumplan estrictamente con las exigencias de la ley.