El Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales ha decidido suspender cautelarmente el proceso de licitación de la central de unidosis y reparto que forma parte del nuevo modelo de atención farmacéutica a residencias Resi-EQIfar, presentado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y que preveía el reparto de medicamentos de manera personalizado a casi 30.000 residentes en la Comunidad Valenciana. El tribunal ha decidido así admitir a trámite el recurso administrativo interpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF).
A pesar de ello, desde la Consejería que dirige Carmen Montón han informado a ConSalud.es que tras haber “presentado sus alegaciones”, desde Sanidad van a continuar “con el desarrollo de programa” debido a que la suspensión “afecta a una parte del proyecto”. Por ello, apuntan, seguirá en marcha “el desarrollo reglamentario de la ley a través de un decreto y las gestiones para la creación de los más de 100 puestos de trabajo ligados al proyecto”
El departamento que dirige Carmen Montón alega que la admisión a trámite de un recurso administrativo supone la suspensión cautelar "de oficio"; por ello, al ser una cuestión "procedimental" no paralizarán el proyecto
Desde la Consejería defienden que se trata de una cuestión “puramente procedimental” y que la suspensión se mantendrá “hasta que el tribunal resuelve el recurso”. Aún así, han detallado que pese a esta suspensión, “se mantiene el plazo de presentación de ofertas”.
EL MICOF LO CONSIDERA “ILEGAL”
Esta decisión judicial ha sido recibida de buen agrado por el Micof. Su presidente, Jaime Giner, ha manifestado a este medio que supone “un respaldo más” a las actuaciones que llevan realizando en los últimos meses, después de que hayan presentado “alegaciones de inconstitucionalidad” a la mencionada licitación porque entendían que su aplicación “produce una ilegalidad continua”. En este sentido, Giner espera que la justicia “resuelva a nuestro favor y la consideren ilegal”. En concreto, según ha detallado el presidente del Micof, la sentencia deja claro que “los perjuicios que pueden derivarse de la continuación de sus trámites son de difícil o imposible reparación”.
Jaime Giner, presidente del Micof, espera que la justicia considere finalmente "ilegal" esta licitación, ya que entiende que supone "perjucio al profesional farmacéutico a los pacientes"
Y es que, este ha sido el principal disgusto que ha transmitido a este medio Giner: “No entendemos como en tres años que llevamos trabajando con la Consejería, con consenso en muchos asuntos, de repente nos encontramos con esta propuesta ilegal, inconstitucional, presentada en la clandestinidad y para la que nos cierran las puertas”.