A falta de sólo unos meses para que se cumpla el plazo previsto por la Generalitat, la consejera de Sanidad de Valencia, Carmen Montón, insiste en la necesidad de acabar con las concesiones sanitarias y revertir el modelo de Ribera Salud hacia la gestión pública directa, una vez que en 2018 cumpla el contrato actual. La insistencia, sin embargo, persiste pese al aluvión de datos que ratifican la eficiencia del modelo en los últimos años.

Concretamente, un recientemente informe de la Intervención General de la Generalitat ha avalado que las prácticas del órgano de contratación “se ha ajustado a los pliegos en las liquidaciones anuales de las concesiones de Alzira y Torrevieja”, referentes al período  2002-2012. Con ello, por tanto, se disipan las dudas mostradas por el Ejecutivo autonómico en relación al control financiero realizado a las concesiones.

Un recientemente informe de la Intervención General de la Generalitat ha avalado el control financiero de las concesiones en Torrevieja y Alzira

Además de ello, hace escasos meses la propia Sindicatura de Cuentas valenciana emitió un informe en el que detallaba que el modelo Alzira ahorra hasta un 25% de los costes a la Administración Pública, mientras que otro informe de la propia Consejería revelaba que los hospitales de Ribera Salud lideran los acuerdos de gestión que cada año marca Sanidad, y que hacen referencia a indicadores relacionados con la atención prestada al paciente y la correcta utilización de los recursos.

A nivel internacional, incluso, el modelo ha sido elegido por tercer año consecutivo por Harvard Bussiness School como caso de estudio en las sesiones de ‘Learning by doing’ (aprender practicando) y el pasado mes de julio, el Hospital Universitario de Torrevieja, gestionado por el grupo Ribera Salud, obtuvo la acreditación por la Joint Commission International (JCI), la acreditación sanitaria más prestigiosa a nivel mundial, que garantiza al paciente el cumplimiento de altos estándares de calidad.

INSISTENCIA EN LA REVERSIÓN

Todo ello, sin embargo, no ha servido a Montón para retrotraerse de su decisión de romper las concesiones, argumentando que “la sanidad pública nos ha costado mucho conseguirla, no se debe sacrificar el sector público con la tentación del negocio", como expuso en unos recientes desayunos informativos.

Esta afirmación ideológica, sin embargo, concuerda con el texto del Pacto del Botánico, que permitió a Ximo Puig ser investido presidente de la Generalitat y en el que los partidos firmantes acordaron el restablecimiento de los servicios públicos para el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, “poniéndolos siempre bajo la lógica del bienestar colectivo y nunca del lucro privado”. Lo que, añadía el texto, “debe traducirse en primera instancia en una política de desmercantilización” que pasaba, entre otros aspectos, por la “reversión completa” de las concesiones.