El próximo 31 de marzo da por concluido el contrato entre la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana y la empresa Ribera Salud UTE II para la gestión de los servicios públicos por concesión administrativa en el Departamento de Salud de La Ribera. Así, desde el 1 de abril la gestión del citado departamento pasara a ser, directamente, pública.
En este contexto, el pasado viernes, 23 de marzo, el Pleno del Consell aprobaba el decreto en el que se establece el marco jurídico del personal laboral que desarrolla sus funciones en La Ribera, toda vez que se produzca la extinción del contrato de gestión de este servicio público por concesión administrativa. Junto a ello, también se acordó un acuerdo en materia retributiva que "garantiza el mantenimiento de las condiciones previas del personal subrogado tras la reversión".
CSIF ha indicado que "estudiará con detenimiento el decreto" por "si provocara perjuicios al interés general y a los trabajadores"
No obstante, la extinción del contrato suscita preocupación en algunos entornos cercanos a los trabajadores que defienden el modelo. Es el caso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), una institución que ha indicado que "estudiará con detenimiento el decreto" por "si provocara perjuicios al interés general y a los trabajadores".
Así, el sindicato advierte que someterá a un "detallado análisis y estudio" el decreto del Consell. Una vez concluido ese análisis, destaca que podría iniciar las acciones judiciales pertinentes en defensa del interés general y de los trabajadores si se "vieran vulnerados sus derechos".
UN CENTRO CON "EXCELENTES INDICADORES ASISTENCIALES"
"Tras 20 años al frente del Departamento de Salud de La Ribera, estamos absolutamente convencidos de que nuestro modelo de gestión indirecta es más favorable para los 250.000 pacientes de la comarca que el modelo tradicional de gestión directa, por lo que hubiera sido un ejercicio de responsabilidad que la Administración valenciana lo hubiera mantenido así, aunque, claro está, con la adaptación necesaria a los retos del siglo XXI”, ha indicado esta semana el doctor Javier Palau, director gerente del citado departamento.
"La Generalitat Valenciana rompe las reglas básicas de colaboración entre empresas y Administración, porque afianza así la idea de que no importa cómo se hagan las cosas"
El propio Palau ha manifestado que, con la reversión, "la Generalitat Valenciana rompe las reglas básicas de colaboración entre empresas y Administración, porque afianza así la idea de que no importa cómo se hagan las cosas; se haga bien o se haga mal, el resultado es el mismo, lo que pone en riesgo la calidad del servicio sanitario que se presta a los ciudadanos".