La campaña de vacunación frente a la Covid-19 está generando polémica en la Comunidad Valenciana debido al reparto de dosis que se está efectuando entre los profesionales sanitarios de la sanidad pública y la privada, en perjuicio de estos últimos. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) denunciaba el pasado miércoles 3 de febrero, a través de una reunión del Ámbito de la Negociación del Ministerio de Sanidad con los sindicatos, la "demora injustificada en la vacunación" a los profesionales sanitarios de la privada por parte de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública dirigida por Ana Barceló. Acusan al organismo de estar “incumpliendo la directriz del Ministerio que establece el orden de vacunación en esta primera fase del proceso".
De acuerdo a la exposición realizada por CESM, "el orden establecido por Sanidad no diferencia entre ejercicio público y ejercicio privado a la hora de priorizar la vacunación", por lo que acusan a la Consejería de “marginar al colectivo de profesionales que ejercen en primera línea en centros privados”.
Una situación que se ha puesto de relieve en el transcurso de la tercera ola de la pandemia que ha llevado al borde del colapso a la sanidad pública valencia que ha comenzado a derivar pacientes a la privada. De acuerdo a los datos hechos públicos por la propia Consejería, entre noviembre de 2020 y enero de 2021 la sanidad pública valenciana ha derivado a la privada más de 800 pacientes de urgencia.
De acuerdo a los datos publicados el pasado 3 de febrero por parte de Valencia Plaza, la Sanidad valenciana ha repartido un total de 600 vacunas entre los hospitales privados de la región. Se trata, de acuerdo a las fuentes consultadas por la citada cabecera pertenecientes a la Consejería dirigida por Barceló, de un centenar de vacunas para seis centros privados ubicados en las provincias de Valencia y Alicante. La Comunidad Valenciana ha recibido esta semana un total de 32.700 vacunas de Pfizer/BioNTech y 4.200 de Moderna. De estas últimas las que se han hecho llegar a los centros hospitalarios privados debido a las dificultades logísticas que plantea su distribución entre las residencias de ancianos.
Estamos ante el inicio de la vacunación de los profesionales de la sanidad privada valenciana pero aún dista mucho de los objetivos planteados. Las direcciones de los centros que se han quedado fuera de este reparto (cinco) han mostrado sus críticas y piden a la Consejería que se haga público cuáles han sido los criterios de selección sobre los que se basa el reparto de vacunas. Han reprochado además el reducido número de vacunas repartido (10 viales con 10 dosis cada uno) y la ausencia de un calendario en el que se recojan las siguientes entregas y el número de dosis que corresponderá a cada una.
DENUNCIAS EN ALICANTE Y CASTELLÓN
La desprotección en la que se encuentran los profesionales sanitarios de la privada en la Comunidad Valenciana ha llevado a los Colegios de Médicos de Alicante y Castellón a denunciarlo ante los tribunales.
La vacunación de los profesionales de la sanidad privada valenciana se ha iniciado con un notable retraso respecto a la pública. Una situación que no se ha producido hasta que el Juzgado de lo Contencioso y Administrativo número 3 de Alicante admitió las medidas cautelarísimas que se solicitaban desde el Colegio de Médicos provincial para que la Consejería de Sanidad iniciase también la vacunación de los profesionales de la privada.
El Juzgado pide a la Consejería que proceda a vacunar de forma inmediata a todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privado, de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública
El Juzgado pide a la Consejería que proceda a vacunar de forma inmediata a todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privado, de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón ha dado la razón al recurso presentado por el Colegio de Médicos de Castellón (Comcas) el pasado 26 de enero solicitando a la Consejería de Sanidad la vacunación de los médicos que ejercen la actividad en la privada en la provincia de Castellón. Insta además a vacunar ya “sin dilación, discriminación o demora alguna respecto al que ejerce su actividad en la sanidad pública”.
“El Colegio de Médicos de Castellón valora positivamente la decisión judicial e insta a la Conselleria de Sanidad a que inicie ya la vacunación de los facultativos que trabajan en la sanidad privada en las mismas condiciones en las que se están vacunando quienes lo hacen en la pública y que fije un calendario de vacunación con fechas y centros en los que se procederá a la misma”, declaran.
HABLAN LOS PROFESIONALES AFECTADOS
Lucía Galán Bertrand es médico especialista en pediatría, escritora y socia fundadora y directora médica de Centro Creciendo (Alicante). A través de sus redes sociales ha compartido la situación que están viviendo los profesionales de la privada en la Comunidad Valenciana. “Nos sentimos abandonados y no entendemos el porqué de este trato cuando nosotros, al igual que el resto de nuestros compañeros, no hemos dejado de trabajar ni un solo día desde que comenzó este horror”.
“A nosotros se nos niega la vacuna. La Comunidad Valenciana está a la cabeza en incidencia acumulada y a la cabeza de dosis administradas de vacunas y, sin embargo, ni una sola dosis se ha puesto a un sanitario de los que ejercemos en la privada. Hemos invertido todos nuestros recursos para trabajar juntos y aunar fuerzas. Hemos estado y estamos al pie del cañón desde hace un año y se nos sigue negando la vacuna”, declara.
"No tenemos plazos, ni procedimientos ni protocolo ninguno, pero nosotros seguimos atendiendo a todos los pacientes que se nos derivan vengan de donde vengan porque esto, o lo hacemos juntos o no lo lograremos”
Afirma que ella incluso fue convocada por el Ministerio de Sanidad para ayudar en la tarea divulgativa sobre la importancia de las vacunas. “Algo que yo ya hacía antes de que ustedes estuvieran en el Gobierno y antes de que la consejera de Sanidad ocupará un puesto que, a mí, no me representa”, critica recordando que “ahora, desde la Consejería de Sanidad, se nos niega la vacuna. No tenemos plazos, ni procedimientos ni protocolo ninguno, pero nosotros seguimos atendiendo a todos los pacientes que se nos derivan vengan de donde vengan porque esto, o lo hacemos juntos o no lo lograremos”, concluye su mensaje publicado en Twitter.
FALTA DE ESTRATEGIA
Uno de los problemas en la estrategia de vacunación de la Comunidad Valenciana radica en el hecho de que no se ha establecido una distinción clara entre los sanitarios que se encuentran realmente en la primera línea de batalla contra el virus y aquellos que no. De este modo, tal y como informan en El Español, se está vacunando por ejemplo a los liberados sindicales de los hospitales públicos no solo antes que, a los profesionales de la privada, sino por delante también de algunos médicos y enfermeras que realmente sí están combatiendo el coronavirus. "Todo el personal que desempeña su labor en los centros sanitarios está incorporado, según el protocolo de la Conselleria de Sanidad, en la primera fase de vacunación, ya que está considerado como personal sanitario", defienden esta situación desde Comisiones Obreras.
Los retrasos y obstáculos que se están encontrando los profesionales de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana son totalmente injustificados. Los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad no establecen diferencia entre profesionales de la pública y la privada, como tampoco lo hace el propio Protocolo de Vacunación Covid-19 elaborado por la Generalitat Valenciana y la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública publicado a través de su página web, con fecha de su última actualización el 21 de enero de 2021.
En este documento la propia Sanidad valenciana detalla en su introducción que “en la primera etapa, en la que las vacunas estarán disponibles en menor cantidad, se vacunarán los siguientes grupos en el orden en el que figuran a continuación: personas mayores y/o con discapacidad que viven en residencias y personal sanitario y sociosanitario que les cuida; personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y personas con gran dependencia no institucionalizados (grado III)”.