El pasado mes de octubre la Conselleria de Justicia de la Comunidad Valenciana elaboró un informe centrado en la situación de los institutos de medicina legal de la Comunitat. Entre las exposiciones y conclusiones que se recogen, hay una cuanto menos, preocupante: la presencia de cadáveres con implantes radiológicos.
El informe indica concretamente “la existencia de riesgos de contaminación radioactiva en cadáveres sometidos a tratamientos previos de braquioterapia”, tal y como recogen David Burguera y J.A. Marrahí en el diario Las Provincias.
Se trata de un tipo de radioterapia empleada para tratar el cáncer. La técnica de aplicación de este tratamiento consiste en la colocación de una fuente de material radioactivo dentro del paciente con el objetivo de atacar a las células cancerosas e impedir la extensión de los tumores.
Lo cierto es que el problema que señala el citado informe no es nuevo. Esta situación ya se había reflejado en un informe anterior publicado el 22 de diciembre de 2017 bajo la rúbrica de la Consellería de Transparencia. Un documento que se elaboró como consecuencia de las denuncias en materia laboral que se habían interpuesto contra el Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML).
“La investigación realizada ha puesto de manifiesto, adicionalmente, aparentes insuficiencias en el necesario control sanitario de la incineración de cadáveres que presentan riesgos de contaminación radioactiva”, rezaba este informe.
Ante esta situación, la Generalitat, tal y como indican en el citado medio, emitió una recomendación al respecto hace dos años: Solicitar de la Conselleria de Sanidad, como medida preventiva, que elabore y difunda un protocolo o, si lo tiene, proceda a su revisión en aras de garantizar el que a este tipo de cadáveres se les da el tratamiento sanitario que corresponda y asegurar así que ningún cuerpo contaminado con elementos radioactivos pueda ser incinerado”.
Una recomendación que no se ha materializado como ha quedado demostrado con el informe con el que se abrían estas líneas. Este explica que “se ha desatendido la recomendación formulada en su momento”.
Un punto sobre el que hace hincapié el informe autonómico en el que se insta con carácter urgente a Sanidad a que tome las medidas oportunas para solucionar esta situación: “reiteramos la recomendación recogida en el informe inicial elaborado en su momento”.
"Recalcan que los pacientes que han sido tratados con implantes permanentes “no representan riesgo de radiación para el público"
Desde la Consellería, en declaraciones a la citada cabecera, no han aclarado si el protocolo de actuación que se les exige existe o será elaborado en un futuro. Recalcan que los pacientes que han sido tratados con implantes permanentes “no representan riesgo de radiación para el público”.
En ningún momento valoran si se están cumpliendo o no con los requisitos. Solamente destacan que los cadáveres “pueden ser incinerados salvo aquellos que puedan presentar contaminación por productos radioactivos” y “si contuviese elementos termo-activos los familiares tienen la obligación de declarar su existencia y procederse a su extracción”
La Inspección General de Servicios (IGS) de Justicia pone también de relieve en su informe el problema de la falta de espacio reportado por las instalaciones de los institutos de medicina legal de la Comunidad Valenciana.
“Actualmente ninguno de los institutos de medicina legal y ciencias forenses de la Comunitat dispone de espacio suficiente en sus instalaciones propias para realizar sus funciones”, responde el departamento autonómico. Añade que “las fórmulas utilizadas para cubrir estas necesidades de espacio "son diferentes en cada uno de los institutos de las tres provincias".
A través de este análisis se ha puesto el foco en otra irregularidad administrativa relativa a la utilización de los depósitos de Alicante y Castellón: “en ambos casos los títulos jurídicos que sustentan su uso son, por diversas causas, insuficientes, obsoletos o deficientes”.
Motivos por los que se insta a la Dirección General de Justicia a que evalúe los mecanismos óptimos para solventar los citados problemas de espacio “garantizando que existe transparencia en los costes que puedan generarse a los particulares por el funcionamiento del servicio público”.