El nuevo proyecto que prevé poner en marcha la Consejería de Sanidad valenciana sobre la prestación farmacéutica en residencias, llamado Resi-EQIfar, suma nuevas voces críticas. A las ya conocidas del Colegio de Farmacéuticas de Valencia (Micof), de sindicatos como Comisiones Obreras o de asociaciones como la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes(Aerte), hay que añadir a la del Gobierno estatal.
Así lo ha asegurado el propio Micof, organismo que ha informado en un comunicado que la Administración del Estado “ha apreciado vicios de inconstitucionalidad” en la modificación que ha realizado la Generalitat Valenciana de la Ley de Ordenación Farmacéutica, que también ha sido incluida en los presupuestos regionales de 2018.
El Ejecutivo espera celebrar una comisión bilateral con la Generalitat Valenciana para "resolver las discrepancias existentes"; si no hay acuerdo, presentarán el recurso ante el TC
En concreto, desde el Estado consideran que “la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias decretada por la Generalitat y la obligación de todas las residencias, públicas y privadas, a integrarse en un sistema de gestión pública directa atenta contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias”.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Ante esta situación, desde el Micof apuntan que el Gobierno ha registrado ante el Tribunal Constitucional (TC) el requerimiento que también habría enviado a la Generalitat para celebrar una ‘Comisión Bilateral de Cooperación’ entre ambas administraciones con el fin de “iniciar negociaciones” y llegar “a un acuerdo que permita resolver las discrepancias existentes”.
Desde el Estado habrían solicitado el “compromiso” de la Generalitat para modificara la Ley aprobada y ajustarla así a la Constitución. Mientras, anuncian que si no se llega a un acuerdo, el Gobierno “interpondrá, previo dictamen del Consejo de Estado, el correspondiente recurso de inconstitucionalidad”. Si el TC lo considera, esta norma sería suspendida.