El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Valencia ha fallado a favor de una profesional de una categoría, reconociendo el derecho a percibir el salario de la plaza donde ha sido reubicada y presta sus servicios de forma efectiva, que es de superior categoría. El sindicato CSIF, responsable de la demanda, señala que esta circunstancia afecta a numerosos profesionales y pide a la Administración -en este caso Conselleria de Sanidad- que resuelva de oficio sin ir a juicio.
La sentencia obliga a la Conselleria a abonar “las diferencias entre la categoría de lavandera y la categoría profesional de administrativo”, ya que fue adscrita al área de gestión económica en un centro sanitario. La central sindical explica en la resolución que tras cerrarse el servicio de lavandería del hospital y pasar la actividad a ser desempeñada por una empresa externa, “sus trabajadores pasaron a realizar otras funciones en el hospital”. En el caso de la afectada, fue asignada al servicio de atención e información al paciente en tareas de apoyo administrativo.
“Las funciones y la responsabilidad deben retribuirse como corresponde”
CSIF apunta que la afectada pidió percibir la remuneración propia de esa categoría, a lo que Conselleria se opuso por falta de titulación. “Ello no fue obstáculo para que se asignara a la trabajadora a unas funciones de superior categoría, lo que produjo una desviación entre la categoría de pertenencia y las funciones desarrolladas, por lo que no es motivo por lo que pueda obstar a la existencia de responsabilidad patrimonial”, afirma la sentencia judicial.
La central sindical recalca que el dictamen judicial reconoce “el derecho de la recurrente a percibir las diferencias que pudieran existir entre la categoría profesional de auxiliar administrativo y la de lavandera desde la fecha de su adscripción”. CSIF considera que este caso constituye un ejemplo de una situación en la que se ven inmersos numerosos profesionales de categorías a extinguir, como la de lavandería o la de pinche, en muchos casos debido a la externalización de la labor.
La central sindical pide que sea la propia Administración la que resuelva estas situaciones sin necesidad de acudir al juzgado e insiste en la premisa de que “las funciones y la responsabilidad deben retribuirse como corresponde”.