El Consejo de la Generalitat Valenciana, según informan fuentes oficiales, ha acordado autorizar a la Consejeria de Sanidad Universal y Salud Pública para reclamar al Gobierno de España 723,3 millones de euros, que corresponde al importe adeudado a la Comunidad Valencianapor la atención sanitaria a personas desplazadas de otras Comunidades Autónomas, así como la atención al colectivo de extranjeros.
Esta cantidad pendiente de cobro responde a la inoperatividad de los mecanismos establecidos para la compensación de este gasto sanitario, el Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria
Respecto a los desplazados nacionales, el RDL 16/2012 creó el Fondo de Garantía Asistencial (Foga), un instrumento que se puso en marcha para articular la compensación de gasto sanitario entre comunidades autónomas emisoras y receptoras de personas desplazadas, y que debería haber resuelto el desequilibrio que sufren las comunidades autónomas de carácter turístico en la atención de desplazados temporales procedentes de otros territorios.
Sin embargo, casi 10 años después de su aprobación, el RDL 16/2012 solo se ha desarrollado, desde enero de 2014, para compensar la asistencia primaria y recetas de farmacia, pero no en el ámbito de la asistencia especializada. De esta forma, existen importes sin abonar: pagos en primaria y receta anteriores a 2014 (23,1 millones) y abonos a cargo de la atención especializada (558,4 millones). A ello hay que sumar otros 55,5 millones de euros por liquidaciones pendientes del Fondo de Cohesión Sanitaria.
Comunidad Valenciana reclama al Gobierno 723,3 millones por la atención sanitaria a desplazados y extranjeros
Entre todos estos conceptos, la deuda acumulada con la Comunidad Valenciana desde 2012 en concepto de atención a desplazados nacionales asciende a 637 millones de euros.
Respecto a los desplazados extranjeros, de acuerdo con la normativa vigente, la Consejeria de Sanidad factura la atención sanitaria a los ciudadanos con Tarjeta Sanitaria Europea o procedentes de países con convenio de asistencia sanitaria recíproca. Es decir, son las comunidades quienes facturan la atención a los pacientes extranjeros, pero los pagos que realizan los terceros países por los cuidados a sus ciudadanos se canalizan a través de la Administración del Estado (Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad).
La Comunidad Valenciana ha facturado entre 2003 y 2020 la suma de 371,25 millones de euros en concepto de atención a pacientes internacionales mientras que en ese tiempo ha recibido del Estado 284,91 millones. De esta forma, la diferencia entre lo facturado y el dinero liquidado por el Estado por este concepto arroja un desequilibrio que supone un perjuicio de 86,33 millones de euros acumulados entre 2003 y 2020.
Así, la suma entre la deuda acumulada con la Comunitat Valenciana en concepto de atención a desplazados nacionales (637 millones de euros) y las pérdidas en la atención a pacientes extranjeros (86,3 millones de euros), arroja una cantidad de 723,3 millones de euros adeudados como consecuencia de la falta de compensación adecuada por esta prestación asistencial.