La Comunidad Valenciana revertirá la farmacia sociosanitaria de residencias públicas el 1 de julio

Hace unos meses, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios exigía que las farmacias sociosanitarias pasen "de una vez" a la gestión directa y "no permitirá" que este servicio o su personal sufran las consecuencias de "rencillas políticas".

Farmacia (Foto. Freepik)
Farmacia (Foto. Freepik)
CS
21 febrero 2022 | 12:00 h

La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana revertirá la farmacia sociosanitaria de residencias públicas el próximo 1 de julio. Según informa Valencia Plaza, así lo refleja el documento de objetivos que el Consell ha presentado este domingo en el Seminari d'Hivern, celebrado en Altea, y donde se especificaba finalmente la fecha en la que se subrogará al personal del servicio, actualmente externalizado.

Hace unos meses, la Federación de Sanidad y Sectores SociosanitariosFSS CCOO PV, exigía que las farmacias sociosanitarias pasen "de una vez" a la gestión directa y "no permitirá" que este servicio o su personal sufran las consecuencias de "rencillas políticas". Este sindicado intuía que esta reversión estaba paralizada por un "tira y afloja" dentro del Consell, tras la no aprobación de la creación de la Empresa Pública de Salud (EPS) como fórmula de gestión.

"Ha pasado tiempo más que suficiente para dar respuesta a una situación que mantiene en vilo a su personal, que todavía no sabe cuando será su proceso de reversión, ni cómo afectará a sus condiciones laborales"

Las farmacias sociosanitarias, que proveen de medicamentos a las residencias de mayores, estaban en "total incertidumbre" desde que venció su contrato de licitación hace 9 años. "Ha pasado tiempo más que suficiente para dar respuesta a una situación que mantiene en vilo a su personal, que todavía no sabe cuando será su proceso de reversión, ni cómo afectará a sus condiciones laborales", sostenían..

Este era uno de los servicios por los que se justificaba la creación por la vía de urgencia de la EPS, creación que CCOO rechazaba porque "no ofrecía seguridad jurídica plena y garantías en la continuidad de la gestión directa", entre otros aspectos. Tras numerosas movilizaciones, lideradas por este sindicato, la consejería cambió de criterio apostando por la gestión directa real.

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