Hasta 30 entidades que se agrupan bajo la Federación Salud Mental de la Comunidad Valenciana acumulan impagos de los últimos 5 meses por parte de la Generalitat. Estos colectivos, que han remitido una carta a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, denuncian la situación de asfixia que sufren a la hora de ofrecer los servicios a los usuarios. "Que se pongan al día en los pagos en los plazos que determina el concierto y que la Administración asuma los intereses financieros que ha provocado", aseguran la Federación.
En este sentido, las entidades se han visto en la obligación de pedir líneas de crédito al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y tienen que asumir los intereses. "Intereses que no se pueden justificar como gasto en las subvenciones, por ejemplo una entidad que haya tenido que pedir una línea de unos 600.000€ para poder prestar el servicio, en estos momentos ya se tiene que hacer frente a unos intereses de más de 6500€", apuntan.
"No sabemos cuándo se van a poner al día con los meses que faltan"
El gobierno de la Comunidad Valenciana pone a disposición de dichas entidades una línea de financiación a través del IVF. Sin embargo, la Federación señala que "esta vía no está exenta de intereses y que aunque sean más bajos la entidad es quien tiene que hacerse cargo".
EL ORIGEN DEL PROBLEMA
La Federación Salud Mental Comunidad Valenciana es una entidad sin ánimo de lucro que, actualmente, agrupa 28 asociaciones y 2 fundaciones de familiares y personas con problemas de salud mental. Los recursos públicos que gestionan las entidades que forman parte de la Federación Salud Mental CV son: 378 plazas en Centros de Rehabilitación e Integración Social, 55 plazas de viviendas tuteladas, 80 plazas en centros de día y 80 plazas en Centros Especiales de Empleo.
Según asegura la Federación, este año la financiación de estos centros ha pasado de subvención a concierto. "Durante mucho tiempo se reivindicó este modelo de financiación, ya que de esta manera, en los próximos años, las concesiones pasaban a ser plurianuales y garantizaba la continuidad de los servicios", indican.
"Por ahora sólo se ha cobrado lo correspondiente a los primeros 4 meses del año"
La organización ha indicado que a pesar de instaurarse este nuevo modelo, los conciertos del año 2018 solamente son para una anualidad. "Aunque se ha estado trabajando y prestando atención desde el 1 de enero, este año los conciertos se firmaron en agosto y ahora en septiembre han venido los primeros pagos, por ahora sólo se ha cobrado lo correspondiente a los primeros 4 meses del año (de enero a abril) y no sabemos cuándo se van a poner al día con los meses que faltan", lamentan los responsables de la Federación y añaden que "en estos momentos todavía no hemos tenido ninguna respuesta al escrito".
La Federación Salud Mental Comunidad Valenciana reclama al Generalitat valenciana que, además de ponerse al corriente de los pagos y asuma los intereses financieros provocados por la demora en los pagos, revise el modelo de concierto para el próximo año. Así, solicitan que se escuchen sus aportaciones y sean atendidas en este nuevo modelo y que se asegure la continuidad y estabilidad de los servicios contemplando la plurianualidad.
LA GENERALITAT VALENCIANA RESPONDE
La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas justifica el retraso por el cambio de sistema de subvenciones al de conciertos: "Tenía una importante complejidad administrativa que ha hecho que los plazos previstos inicialmente se hayan ampliado", aclara así la Generalitat en la información publicada por El Mundo. Conscientes de las dificultades que se podrían presentar la Consejería de Igualdad habló con el IVF para que "pusiera a disposición de las entidades unos créditos con unas condiciones que resultaran lo menos costosas posibles para ellas".
Según El Mundo, el departamento de Igualdad empezó a ponerse al corriente la semana pasada y se han comenzado a producir los pagos que ya ascienden a 32,5 millones de euros. La cartera que dirige Mónica Oltra destaca su "compromiso" con las entidades del tercer sector como prueba de que "mientras en 2013 el porcentaje de las obligaciones de pago no llegaba ni al 49%, el año pasado la ejecución era de cerca del 95%".