El Tribunal de Cuentas ha iniciado la investigación del control llevado a cabo por la Generalitat Valenciana de los contratos de emergencia que aprobó durante la pandemia del Covid-19. Debido a que la Fiscalía de este órgano ha detectado presuntas irregularidades, mantiene dos diligencias preliminares abiertas.
Esta investigación surge, según publicaValencia Plaza, a raíz del informe publicado por la Sindicatura de Comptes en el que alertaba que la Consejería de Sanidad valenciana, dirigida por entonces por Ana Barceló, omitió los controles que debían realizarse con posterioridad en muchas de las compras de material sanitario que se llevaron a cabo. Algunos de ellos se hicieron sin expediente de contratación.
Tras analizar expedientes por valor de 152 millones de euros, el Tribunal de Cuentas indica que no se puede acreditar si los acuerdos de compra llegaron a cumplirse y ejecutarse
Según las conclusiones del Tribunal de Cuentas, tras analizar expedientes por valor de 152 millones de euros, no se puede acreditar si los acuerdos de compra llegaron a cumplirse ya que muchos de ellos se cerraron con carácter verbal y se abonaron de forma anticipada.
A pesar de que la Sindicatura comprende que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas optaran por contratos de emergencias para la compra de material sanitario, entiende que debía haber habido mayores controles y transparencia.
En esta línea, este organismo apunta que en ninguno de los contratos que ha revisado pudo verificar ni la ejecución del contrato, ni la recepción de conformidad ni la liquidación. Esta información no aparecía en los expedientes.
HOSPITALES DE CAMPAÑA Y MATERIAL
Como ejemplo, la Sindicatura aludía a los 12,5 millones que la Consejería pagó por anticipado, aunque finalmente fueron 10,8 millones, para instalar y equipar de forma completa tres hospitales de campaña, para atender la asistencia sanitaria al margen del Covid-19. Sobre este contrato, resaltan que se abonó el dinero “sin comprobar posteriormente que el encargo fue ejecutado”.
Por otro lado, se mencionan los 82 millones de euros que se acordaron de forma verbal para comprar material sanitario de protección en el extranjero. En total fueron 13 operaciones, pero en ninguna de ellas se firmó un contrato en formato escrito.