Ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación sobre la intención del Gobierno valenciano de que sea el profesorado y personal docente de los colegios e institutos el que se encargue de suministrar la medicación a los alumnos con problemas de salud, desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) han manifestado una serie de consideraciones.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló, el pasado 19 de julio de 2021, la Resolución de 13 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en la que se dictaban las instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares.
“Sin ningún tipo de lógica ni criterio sanitario, la Administración valenciana quiere volver a obligar a los docentes a asumir la responsabilidad de actuar ante la urgencia sanitaria que sufra un alumno, crear y mantener un botiquín, y establecer y manejar ficheros con información (privada) tan sensible y personal como es la de carácter sanitario”
Ante la citada anulación del TSJCV, lograda a raíz del recurso contencioso-administrativo presentado por el CECOVA, "el Consell no cesa en su pretensión de restar competencias a la figura de la enfermera escolar y atribuir responsabilidades sanitarias a los docentes. Ahora desde la Generalitat Valenciana se intenta introducir una modificación de la Ley 10/2014 de Salud de la Comunitat Valenciana en el anteproyecto de la Ley de medidas fiscales y de gestión administrativa".
Una modificación legal que supone "un grave error" ya que la norma que invalidó en julio el alto tribunal atribuía al personal de los centros docentes tareas que comprenden legalmente a los profesionales sanitarios (como la administración de los fármacos al alumnado enfermo). Una legislación que siempre ha rechazado tanto el profesorado, que se niega a asumir esa responsabilidad con trascendencia legal, como la Enfermería, que la considera que favorece el intrusismo y la discriminación profesional.
Ahora con la nueva redacción de la ley se pretende formalizar que los alumnos reciban medicación en los colegios, fuera del ámbito sanitario y de manos de personas que no sean sus padres, ya que hasta ahora la ley solo apuntaba que eran los centros de salud más próximos a los colegios los que debían garantizar la atención sanitaria específica necesaria.
“Sin ningún tipo de lógica ni criterio sanitario, la Administración valenciana quiere volver a obligar a los docentes a asumir la responsabilidad de actuar ante la urgencia sanitaria que sufra un alumno, crear y mantener un botiquín, y establecer y manejar ficheros con información (privada) tan sensible y personal como es la de carácter sanitario”, según el presidente del CECOVA, Juan José Tirado, quien advierte queestas tareas impuestas al profesorado “son consideradas por la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana como un verdadero despropósito y serán recurridas legalmente en todas las instancias judiciales hasta que pasen a ser competencia de las enfermeras escolares”.
“Queremos destacar que cualquier actuación profesional de nuestras enfermeras está cubierta por un seguro de responsabilidad civil contratado por el CECOVA, no sucediendo lo mismo con las intervenciones en materia sanitaria que pueda llevar a cabo el personal docente de los centros educativos”
Desde el CECOVA “queremos destacar que cualquier actuación profesional de nuestras enfermeras está cubierta por un seguro de responsabilidad civil contratado por el CECOVA, no sucediendo lo mismo con las intervenciones en materia sanitaria que pueda llevar a cabo el personal docente de los centros educativos”, incide Juan José Tirado.
El CECOVA ha defendido siempre que el papel de la enfermera escolar es fundamental en el seguimiento y control de enfermedades como la diabetes, asma o alergias y así lo demuestra la experiencia de estas profesionales; una figura reconocida y presente en los centros educativos de numerosos países europeos, así como de otras comunidades autónomas, donde su presencia permite la integración de niños con serios problemas de salud crónicos.